Recetas ideológicas
Por Martín Kalos, para el Diario Página /12, 21 de Marzo de 2016
En términos económicos, los primeros 100 días del Gobierno de Mauricio Macri serán recordados por su abrupta contracción de la demanda interna. Para lograrla echó mano tanto a las políticas cambiaria (devaluación) y monetaria (menor emisión, suba de tasas de interés) como fiscal (echando trabajadores del Estado, avalando despidos en el sector privado y recortando subsidios). Estos ajustes se deben en parte a los desbalances acumulados en los últimos años del kirchnerismo (dólar y tarifas atrasadas, inflación elevada, crecimiento y empleo estancados) pero en buena medida se originan en una concepción ideológica de lo que el Estado “debe hacer”. Así, se cerraron áreas enteras y despidieron más de 30.000 trabajadores, sin siquiera las auditorías prometidas en la campaña electoral. La meta es avanzar a un Estado menos regulador del mercado, con menos capacidad de intervención en la esfera privada: en definitiva, un Estado con menos herramientas que los trabajadores puedan utilizar para defender sus intereses. No es menor: en un sector privado desregulado, los trabajadores son quienes menos poder tienen para negociar.
Un endeudamiento público masivo parece ser, en este contexto y con la ideología de este Gobierno, la última carta que Macri puede jugar para intentar evitar una recesión mayor que la actual. Ya el ministro de Hacienda se excusó por la supuesta “ingenuidad” con que esperaron los desembarcos masivos de dólares del extranjero para inversiones, que vendrían de la mano del “shock de confianza” de elegir presidente a Macri. Es cierto que el contexto internacional es incierto: hay crisis política y económica en Brasil, menor crecimiento chino y falta de dinamismo en Europa y Estados Unidos. Pero en ese marco, podría haberse esperado que la desregulación, liberalización y medidas promercado que se expanden desde las políticas de Cambiemos ubiquen a Argentina como una oportunidad de inversión y de especulación financiera para los capitales extranjeros. No ocurrió, hasta ahora.
Hoy el endeudamiento externo es la única fuente masiva de recursos que el Gobierno tiene a disposición, para así simultáneamente ingresar divisas al país (y moderar la pérdida de reservas, que acerca un nuevo quiebre de la economía vía restricción externa) y tener dinero disponible para generar gastos públicos que incrementen la demanda (por ejemplo, con obras de infraestructura). El costo de acceder a este nuevo financiamiento es históricamente significativo, tanto por el pago inmediato a los holdouts (que se suma al precio ya acordado por el kirchnerismo con el mismo objetivo, con Ciadi, Repsol y Club de París) como por el riesgo de nuevos juicios. Incluso si estos nuevos juicios carecen de fundamentos legales sólidos, ese mero riesgo alcanzará para mantener la incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda pública, y continuará encareciendo por un tiempo los nuevos créditos que se otorguen al país.
Mientras tanto, todas estas políticas perjudican a los trabajadores y a los pequeños empresarios de nuestro país. El intento de poner techo a las paritarias en 25 por ciento apunta a una reducción del poder adquisitivo del salario, frente a la aceleración de la inflación, que también afecta a asignaciones familiares y jubilaciones; que se suma a una reforma al régimen del impuesto a las ganancias que hace que cada vez más trabajadores deban pagarlo; “ceses de contrato” en el Estado y falta de intervención ante los despidos en el sector privado; y aumentos de tarifas de servicios públicos, aún en marcha, que no apuntan a mejorar las inversiones ni la calidad de las prestaciones. En paralelo, se transfirió una enorme masa de recursos a grandes empresas que tienen poco de argentinas: firmas exportadoras agroalimentarias (beneficiadas con el fin de las retenciones, que les significa 130.000 millones de pesos más sólo este año), mineras (eliminación del 5 por ciento de retenciones que se les aplicaba desde 2009) y explotadoras de yacimientos hidrocarburíferos (compensadas por la caída del precio internacional del barril de petróleo), así como bancos comerciales (menos controles sobre las operaciones financieras y en particular cambiarias). En su gran mayoría son transnacionales cuyo interés son sus propias ganancias que girarán al extranjero, y no ningún desarrollo de las fuerzas productivas argentinas. La apertura de las importaciones también golpea a empresas pequeñas en sectores que, como el textil, en los últimos años habían logrado convertirse en proveedores de las grandes cadenas que operan en el país, para verse ahora relegados por la competencia sin filtros de una producción mundial de salarios (injusta y deslealmente) ultra bajos.
* Economista. Miembro de la Sociedad de Economía Crítica y el IADE.