Por Nicolás Dvoskin, para la revista Epocas No 4, Junio 2017

 

Me llamo Nicolás Dvoskin y soy Magíster en Historia Económica y Doctor en Ciencias Sociales. Me dedico al análisis de la Historia de las Ideas económicas en la Argentina. Mi tesis doctoral consistió en un estudio del discurso económico presente en los distintos debates sobre la reforma de la seguridad social argentina entre 1957 y 1994, mientras que mi investigación posdoctoral actual se centra en la misma temática, pero tomando como caso las políticas de vivienda. Mi trabajo consiste en ir a archivos y bibliotecas, bucear entre cajas de documentos y navegar por repositorios digitales buscando información, para después analizarla, compararla y obtener resultados.

La pregunta central de mis investigaciones es cómo se reciben, adaptan, escriben, difunden, generalizan y desaparecen las distintas ideas económicas que conforman el discurso social. Es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad y contextos tanto empíricos como intelectuales que favorecen que en determinado momento del tiempo se pongan de moda ciertas ideas y en otro momento otras. Para ello, me interesan en particular los discursos públicos: alocuciones de referentes y funcionarios, notas en diarios y revistas de alcance nacional, leyes, documentos oficiales, etc. Me interesa analizar cómo se fundamentan, justifican y critican los distintos proyectos de reforma de las políticas públicas, y es en ese “cómo” donde puedo rastrear la presencia o ausencia de determinadas teorías o ideas económicas.

No elegí estudiar la seguridad social por una preocupación particular por la temática en sí, sino porque la entendí como un campo propicio para mis investigaciones sobre historia de las ideas económicas: es un tema que ha estado permanentemente en agenda. A lo largo del siglo XX ha sufrido cambios normativos muy importantes, distintos sectores sociales, partidos políticos, corporaciones e intelectuales se han referido a ella y, sobre todo, en los debates acerca de sus reformas se pueden encontrar referencias a problemas tales como la inflación, el desempleo, la distribución del ingreso, el rol del Estado, el crecimiento económico o los modelos de desarrollo, entre otros. Cuando decidí estudiar las políticas de vivienda lo hice, entre otras cosas, porque entendí que había una temática central de la economía argentina que no aparecía referida en los debates sobre la reforma de la seguridad social, pero sí  podría encontrarse en el nuevo tema: la renta de la tierra.

Encontré relaciones muy fuertes entre los climas intelectuales a nivel mundial, las lecturas argentinas y latinoamericanas y las propuestas de reforma. Por ejemplo, entre los ‘40 y mediados de los ‘60 el diagnóstico más difundido sobre la situación argentina era el del subdesarrollo: se entendía que la economía argentina tenía menor productividad que la de los países centrales y que era necesario encauzar, desde el Estado, procesos acelerados de desarrollo económico por la vía de la industrialización sustitutiva. Los imaginarios sociales referían a una sociedad de pleno empleo, en la que, en un futuro próximo, no habría más pobreza ni penurias sociales. En este marco, las políticas sociales y de seguridad social debían ser homogéneas y contributivas: todos debían acceder de la misma manera, y las prestaciones se financiarían desde los aportes sobre la nómina salarial. Si todas las personas tienen trabajo registrado, un sistema contributivo genera una protección universal. En este marco, una de las funciones de la seguridad social es asegurar que los trabajadores puedan seguir consumiendo después de agotada su vida activa o mientras están temporalmente desempleados.

A mediados de los ‘60 se registra un leve viraje: del diagnóstico del subdesarrollo pasamos al de la heterogeneidad estructural. La economía argentina no sería ya catalogada como meramente atrasada, sino que se haría hincapié en la coexistencia de sectores de alta productividad, que habían acogido los frutos de las políticas de industrialización de las décadas anteriores, con otros de productividad mucho más baja. Ante este escenario, la política social y la seguridad social se transforman: se abandonan las pretensiones de homogeneidad y se plantea como deseable que algunos sectores o regiones puedan acceder a protecciones no contributivas, financiadas por el Estado. Más aun, se empieza a pensar, en Argentina y en América Latina, que la seguridad social ampliada puede ser un medio para el desarrollo, una condición necesaria de su encauce.

A partir de la última dictadura, los consensos hegemónicos empezarán a cambiar, pero el nuevo paradigma se impondrá recién en los ‘90. Ahora el diagnóstico de la economía argentina será el de un mercado emergente. Se sostendrá que la industrialización sustitutiva había sido un fracaso, que las industrias nacionales siempre fueron deficitarias y que es necesario volver a una Argentina exportadora de productos agropecuarios, a lo que se agregarán los servicios financieros. Sin una industria que sostener y sin una producción nacional que garantizar la seguridad social se convierte en una carga; deja de ser una solución y se convierte en un problema. Entonces hay que transformarla. He ahí la clave argumental de la privatización: si los aportes a la seguridad social pasan por las aceitadas ruedas de la bicicleta financiera, podrán canalizarse a inversiones productivas, tecnológicas, de última moda, de fin de siglo.

Hacia la primera década del siglo XXI, crisis del neoliberalismo mediante, volverá a cambiar el diagnóstico hacia algo parecido a la vieja heterogeneidad estructural, pero con utopías más escuetas. El kirchnerismo propondrá como misión el desarrollo económico con inclusión social, reconocerá que el crecimiento económico no puede ser la solución a la precariedad y la marginalidad, y lanzará políticas masivas –moratorias y AUH- tendientes a amortiguar y contener. Las políticas sociales no serán necesariamente precondiciones económicas del desarrollo, o lo serán parcialmente, pero sí serán sostenes políticos y sociales de un modelo de crecimiento, bajo desempleo, mejor distribución del ingreso, lenta reindustrialización y aun más lenta autonomización de la dependencia respecto de las exportaciones primarias.

En síntesis, las distintas políticas públicas implementadas son inescindibles de sus contextos de formulación. La posibilidad de poner en práctica una propuesta no sólo está limitada por su financiamiento, su operativización o los acuerdos políticos para lograrla, sino, también, por los consensos sociales a su alrededor. Si queremos proponer políticas públicas e intentamos tomar como referencia a las experiencias del pasado, el tener en cuenta los contextos intelectuales, los consensos sociales y las ideas dominantes en cada momento resulta imprescindible. O, en todo caso, si queremos poner en práctica una idea resulta necesario promover los distintos consensos sociales que la legitimen y la sostengan. La historia de las ideas tiene mucho que aportar al análisis y la implementación de políticas públicas en la actualidad.