Lo que se presenta como beneficios en realidad es una pérdida de derechos. Un análisis feminista del impacto de un acuerdo que aplaca la mejora salarial concreta y pone a prueba la capacidad de reducir brechas en una planta laboral por debajo de la línea de pobreza.

Por Patricia Laterra para marcha.org.ar, 31 de Mayo de 2017

Recientemente la actual conducción del sindicato Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) ha resuelto el acuerdo paritario del año 2017 para todo el personal de la Administración Pública Central. En el acuerdo se propone una serie de pautas en forma de incentivos por productividad y presentismo que aplaca la mejora salarial concreta y universal y pone a prueba la capacidad de gozar derechos, al tiempo que conllevan un fuerte sesgo de género.

El acuerdo

El acuerdo paritario asciende a un 20% de aumento en tres tramos (5% en el salario que corresponde a junio, 5% en el de julio y 10% en el de agosto, no acumulativo) e involucra una innovación respecto de otros años, la concreción de dos montos: uno por presentismo y otro por productividad, estipulado por ambas partes del acuerdo como un beneficio.

Lo pactado, por debajo de las expectativas de inflación que siguen de cerca una cantidad importante de consultoras, incorpora una cláusula gatillo que sumará en diciembre 2017 la diferencia entre el 20% acordado y el Índice del Costo de Vida de ese mismo mes publicado por el INDEC.

Según un estudio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-INDEC, que analizó el impacto de la canasta alimentaria y el costo de los servicios básicos de vivienda y vestimenta, estimó que la “canasta de consumos mínimos” tuvo un costo de $ 22.768 en el Gran Buenos Aires y el poder adquisitivo del salario estatal de abril de 2017 resulta un 15,1% menor al de noviembre de 2015. Por su parte, el área de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad estimó que una familia para no ser pobre necesita $14.620 pesos.

Es de notar que muchísimos trabajadores y trabajadoras quedarán con salarios por debajo de la línea de pobreza, al mismo tiempo que no se contempla la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. El deterioro del salario se produjo por la inflación del 40 % del 2016, y del 58% desde noviembre de 2015 a la actualidad, por los efectos de la devaluación, el aumento de tarifas y la escasa “compensación salarial” de diciembre del año pasado y enero de este año.

Porque lo que se presenta como beneficio es una pérdida de derechos

Hay un punto central en este nuevo acuerdo. Lo que se muestra como un beneficio es una nueva imposición de control y precarización para las y los trabajadores. El presentismo significará una nueva regulación que al mismo tiempo de crear sistemas de control y autocontrol, evalúa y pone en juego el uso de derecho de licencias justificadas por parte del personal del Estado. Estiman que significa un 5% de aumento en los salarios más bajos pero su peso relativo en los más altos es ínfimo. Esto quiere decir que a quienes se intentará apuntar con la regulación es a aquellxs trabajadorxs que les hace una diferencia sustancial, toda vez que gran parte de la planta estatal está todavía por debajo o apenas arriba de los niveles de pobreza.

Lejos de conseguir nuevos derechos o una recomposición salarial a la altura de las pérdidas estudiadas, esta imposición implica que para poder gozar de los incentivos se pongan en evaluación ejercer otros derechos necesarios para conciliar nuestra vida con el trabajo en un país donde las políticas de cuidado no son políticas de Estado.

La falta del tiempo es un factor de desigualdad en nuestra sociedad

En Argentina, según datos de la Encuesta de Uso del Tiempo para el año 2013, la mayor parte del trabajo no remunerado asociado al trabajo doméstico y de cuidados lo realizan las mujeres. Este tiempo no sólo implica las llamadas “tareas del hogar”, sino también la gestión y ejecución material y emocional de los trabajos. En datos concretos, las mujeres realizan un 76% del trabajo doméstico no remunerado. En tiempo diario, significa el doble de cantidad de horas que dedican los varones, ascendiendo a 6,4 horas promedio por día.

Sabiendo que son las mujeres quienes se dedican a hacer malabares para cumplir con las necesidades de cuidado que necesita toda sociedad, el formato de incentivos laborales que se impone implica poner en juego los derechos laborales, con un fuerte sesgo de género.

Para poder cobrar el presentismo, lxs trabajadorxs deberán tener asistencia perfecta, lo cual para su cálculo se tienen en cuenta inasistencias justificadas como licencia por enfermedad, cuidado de familiares enfermxs, embarazo y maternidad, y otras licencias por razones particulares. Las únicas licencias justificadas que son exceptuadas del cálculo son la licencia anual ordinaria (vacaciones) y las licencias por estudios.

El género, ¿fuera de la ley?

Este tipo de medidas vuelve a poner en evidencia los sesgos de género en las políticas laborales y arremete con una discusión poco desarrollada en nuestra sociedad: cómo democratizar el uso del tiempo, qué está generizado y sexualizado, y cómo se gestiona como sociedad los trabajos de cuidados que necesitamos todxs.

Por un lado, este tipo de normativa, en tanto mercado laboral, es discriminatoria ya que afecta directamente el derecho a igual salario de las mujeres: la licencia por embarazo y maternidad se computará para el pago del presentismo. Asimismo, se espera y recae en las mujeres ser las principales cuidadoras de hijxs. Mientras se mantenga el actual e inequitativo régimen de licencias por maternidad y paternidad, implica penalizar a las mujeres y reforzar los obstáculos para una mayor y mejor participación laboral. Inclusive no teniendo hijxs, recae en las personas socializadas mujeres ser las principales cuidadoras del entorno, por lo cual el goce de licencias por enfermedad o cuidados de familiares impacta de la misma manera.

Por otro lado, el pensar en el uso del tiempo pone en discusión la organización social del cuidado, esto es de qué manera interrelacionada, en nuestra sociedad actual, las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen cuidado. Para avanzar en una sociedad menos desigual y un poco más justa es central poner en cuestión los cuidados que implican un elemento central en el uso del tiempo, en el tiempo disponible para el ocio y el autocuidado. En este sentido, el rol del Estado es central para garantizar derechos y políticas públicas en favor de trastocar esta actual injusta distribución. Pero al mismo tiempo, es de esperar que los sindicatos velen por los derechos de las y los trabajadores, que estas discusiones estén presentes y que desde la organización sindical se promuevan otras políticas en vez de imponer incentivos monetarios que puedan restringirlos.

Más allá de la paritaria específica de la Administración Central del Estado, este tipo de políticas que restringen derechos e igualdad de condiciones se están multiplicando desde el Estado. Hace pocos días el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Gastón Fosatti, con el aval de la gobernadora, María Eugenia Vidal, resolvió descontar el incentivo salarial que cobra el personal de ese organismo cuando se tomen licencia, incluso justificadas como embarazo, adopción, maternidad, y aquel personal que solicite licencias por examen o que se ausente por el fallecimiento de un familiar.

A días de un nuevo #NiUnaMenos, es central que pongamos en cuestión la desigualdad en el uso del tiempo y en las condiciones materiales de vida a las que nos atenemos las personas que fuimos socializadas mujeres, y que sigamos poniendo en agenda la sostenibilidad de la vida que está injustamente cargada en las espaldas de las mujeres.

 

 

*Economista feminista. Participe del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica. Docente de la Cátedra de Economía y Género de la FCE-UBA. Militante de Desde el Fuego CABA