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Ana Natalucci y Francisco Favieri
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos
como proceso de ensayo-error1
Diego Pérez Roig
IPEHCS/CONICET-UNCo
dperezroig@conicet.gov.ar
Oil and gas policy during Cambiemos government as a trial-and-
error process
A política de hidrocarbonetos de Cambiemos como um processo
de tentativa-e-erro
Fecha de recepción: 19 de septiembre de 2024
Fecha de aprobación: 21 de noviembre de 2024
Resumen
En el presente artículo recuperamos la concepción de la política pública
como determinada por la forma “ensayo-error”, a los nes de analizar e in-
terpretar la política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos. Este enfoque
permite conjurar el sesgo instrumentalista, problema clásico de los análisis
de políticas públicas, que fue característico de las interpretaciones de la ac-
tividad estatal en tal período. Mientras en esta última perspectiva la política
parece esclarecida de antemano por el poder de capitales altamente con-
centrados y su “colonización” del aparato de Estado, el concepto de ensa-
yo-error inscribe la intervención estatal en una estructura de acumulación y
dominación espoleada por la crisis. Esto signica que, independientemente
de sus trayectorias profesionales y vínculos interpersonales, los funciona-
rios se encuentran sometidos a la presión de dos grandes determinaciones
de la reproducción del Estado: la acumulación y la legitimación. Distintas
contradicciones de la política petrolera de Cambiemos expresan la operato-
ria de tal coerción mediante la forma ensayo-error.
Palabras clave: proceso de la política pública, política hidrocarburífera, hidro-
carburos no convencionales, postconvertibilidad argentina, Cambiemos
1- Agradezco a Adrián Piva la lectura y los comentarios hechos al borrador de este trabajo.
Año 10. Nº 22. Julio 2025
74 75
Abstract
This article analyses Cambiemos government policy on oil and gas from
the perspective of the public policy making as a trial-and-error process. This
approach avoids instrumentalism, a classic bias in public policy studies which
characterized the analyses on this period. While this view explains public po-
licy as determined by the power of capitals and their ability to ‘colonize’ the
State apparatus, the concept of trial-and-error places State intervention in a
crisis-ridden structure of accumulation and domination. As a result, regard-
less of their professional backgrounds and interpersonal relationships, state
ocials are subject to the pressure of the two major determinants of state
reproduction: accumulation and legitimation. Contradictions in Cambiemos
government hydrocarbon policy show the functioning of that coercion in the
form of a trial-and-error process.
Keywords: public policy making process, hydrocarbon policy, unconventio-
nal hydrocarbons, “postconvertibility” regime in Argentina, Cambiemos
Resumo
Neste artigo recuperamos a concepção de política pública determinada pela
forma “tentativa-e-erro”, para ns de análise e interpretação da política de hi-
drocarbonetos da aliança Cambiemos. Essa abordagem permite evitar o viés
instrumentalista, problema clássico da análise de políticas públicas, carac-
terístico das interpretações da atividade estatal naquele período. Enquanto
nesta última perspectiva a política parece antecipadamente esclarecida pelo
poder do capital altamente concentrado e pela sua “colonização” do aparel-
ho de Estado, o conceito de tentativa-e-erro inscreve a intervenção estatal
numa estrutura de acumulação e dominação incitada pela crise. Isto signi-
ca que, independentemente da sua carreira prossional e dos seus víncu-
los interpessoais, os funcionários estão sujeitos à pressão de duas grandes
determinações da reprodução do Estado: a acumulação e a legitimação.
Diferentes contradições da política petrolífera de Cambiemos expressam a
operação de tal coerção através da forma de tentativa-e-erro.
Palavras-chave: processo de políticas públicas, política de hidrocarbone-
tos, hidrocarbonetos não convencionais, pós-conversibilidade argentina,
Cambiemos
Diego Pérez Roig
Introducción
El gobierno de la alianza Cambiemos inauguró una segunda etapa del desa-
rrollo masivo de hidrocarburos no convencionales (HNC) en el país. Si la pri-
mera (2012-2015) estuvo articulada en torno a la recuperación del control esta-
tal de YPF, en esta nueva fase la intervención estatal fue resignicada por una
extendida incorporación de funcionarios provenientes del ámbito privado, la
desarticulación de agencias e instrumentos de regulación, la convergencia de
los precios locales con los internacionales y una abrupta descarga de los estí-
mulos a la producción sobre lo abonado por la demanda (Arceo, 2018; Barrera,
2021; Bravo, 2018; Canelo y Castellani, 2017b; López Crespo, 2022; Sabbatella
y Burgos, 2017). Los nuevos contratos, precios y tarifas, que reejaban deman-
das de los capitales petroleros, tuvieron entre sus principales beneciarias a
Tecpetrol, operadora que lideró un ciclo masivo de inversión en el área Fortín
de Piedra (Barrera, 2021; Sabbatella y Nunes Chas, 2020).
Nuestro objetivo es analizar e interpretar distintas políticas que singularizan
esta etapa, desde la perspectiva de su proceso como determinado por la for-
ma “ensayo-error”. Este enfoque permite conjurar el sesgo instrumentalista,
problema clásico de los análisis de políticas públicas, que fue característi-
co de las interpretaciones de la actividad estatal en tal período. Desde esta
perspectiva, la satisfacción de las exigencias del sector parece esclarecida
de antemano por el poder de capitales altamente concentrados y su “colo-
nización” del aparato de Estado. Entendemos que esta visión, así como su
opuesta, de inclinación funcionalista, presupone la separación economía/
política que es constitutiva de la relación capitalista. Cuando tal escisión no
es problematizada, sino meramente asumida, se diluyen las determinacio-
nes de forma a las que se encuentra sometido el Estado, con lo cual también
se disuelven las contradicciones de distinta naturaleza que lo atraviesan y
constriñen. Así pues, sus políticas pueden ser entendidas como subordina-
das a los intereses directos de los capitales petroleros y su capacidad de lo-
bby —o bien, en el sesgo opuesto, a la manera de intervenciones más o me-
nos “automáticas” y “correctoras” de las compulsiones de la acumulación.
La perspectiva del ensayo-error (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022a) concibe
al Estado en tanto forma política del capital, cuyo movimiento contradictorio
expresa una lógica de reproducción social conictiva y anárquica. El enfoque
entrelaza la forma o racionalidad interna del proceso de políticas públicas en
el Estado capitalista con la función o racionalidad externa de esas políticas,
desde la perspectiva de los requerimientos –no solo económicos– de aque-
lla reproducción. La premisa es que
[En el] mecanismo de ensayos y errores, es decir, en la forma misma que
reviste el proceso de políticas públicas, antes que en los diversos y contradic-
torios contenidos de sus políticas y sus complejos vínculos con los distintos
intereses sociales, [es] donde radica, en última instancia, el carácter capitalis-
ta del proceso de políticas públicas (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022b, p. 121).
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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Abstract
This article analyses Cambiemos government policy on oil and gas from
the perspective of the public policy making as a trial-and-error process. This
approach avoids instrumentalism, a classic bias in public policy studies which
characterized the analyses on this period. While this view explains public po-
licy as determined by the power of capitals and their ability to ‘colonize’ the
State apparatus, the concept of trial-and-error places State intervention in a
crisis-ridden structure of accumulation and domination. As a result, regard-
less of their professional backgrounds and interpersonal relationships, state
ocials are subject to the pressure of the two major determinants of state
reproduction: accumulation and legitimation. Contradictions in Cambiemos
government hydrocarbon policy show the functioning of that coercion in the
form of a trial-and-error process.
Keywords: public policy making process, hydrocarbon policy, unconventio-
nal hydrocarbons, “postconvertibility” regime in Argentina, Cambiemos
Resumo
Neste artigo recuperamos a concepção de política pública determinada pela
forma “tentativa-e-erro”, para ns de análise e interpretação da política de hi-
drocarbonetos da aliança Cambiemos. Essa abordagem permite evitar o viés
instrumentalista, problema clássico da análise de políticas públicas, carac-
terístico das interpretações da atividade estatal naquele período. Enquanto
nesta última perspectiva a política parece antecipadamente esclarecida pelo
poder do capital altamente concentrado e pela sua “colonização” do aparel-
ho de Estado, o conceito de tentativa-e-erro inscreve a intervenção estatal
numa estrutura de acumulação e dominação incitada pela crise. Isto signi-
ca que, independentemente da sua carreira prossional e dos seus víncu-
los interpessoais, os funcionários estão sujeitos à pressão de duas grandes
determinações da reprodução do Estado: a acumulação e a legitimação.
Diferentes contradições da política petrolífera de Cambiemos expressam a
operação de tal coerção através da forma de tentativa-e-erro.
Palavras-chave: processo de políticas públicas, política de hidrocarbone-
tos, hidrocarbonetos não convencionais, pós-conversibilidade argentina,
Cambiemos
Diego Pérez Roig
Introducción
El gobierno de la alianza Cambiemos inauguró una segunda etapa del desa-
rrollo masivo de hidrocarburos no convencionales (HNC) en el país. Si la pri-
mera (2012-2015) estuvo articulada en torno a la recuperación del control esta-
tal de YPF, en esta nueva fase la intervención estatal fue resignicada por una
extendida incorporación de funcionarios provenientes del ámbito privado, la
desarticulación de agencias e instrumentos de regulación, la convergencia de
los precios locales con los internacionales y una abrupta descarga de los estí-
mulos a la producción sobre lo abonado por la demanda (Arceo, 2018; Barrera,
2021; Bravo, 2018; Canelo y Castellani, 2017b; López Crespo, 2022; Sabbatella
y Burgos, 2017). Los nuevos contratos, precios y tarifas, que reejaban deman-
das de los capitales petroleros, tuvieron entre sus principales beneciarias a
Tecpetrol, operadora que lideró un ciclo masivo de inversión en el área Fortín
de Piedra (Barrera, 2021; Sabbatella y Nunes Chas, 2020).
Nuestro objetivo es analizar e interpretar distintas políticas que singularizan
esta etapa, desde la perspectiva de su proceso como determinado por la for-
ma “ensayo-error”. Este enfoque permite conjurar el sesgo instrumentalista,
problema clásico de los análisis de políticas públicas, que fue característi-
co de las interpretaciones de la actividad estatal en tal período. Desde esta
perspectiva, la satisfacción de las exigencias del sector parece esclarecida
de antemano por el poder de capitales altamente concentrados y su “colo-
nización” del aparato de Estado. Entendemos que esta visión, así como su
opuesta, de inclinación funcionalista, presupone la separación economía/
política que es constitutiva de la relación capitalista. Cuando tal escisión no
es problematizada, sino meramente asumida, se diluyen las determinacio-
nes de forma a las que se encuentra sometido el Estado, con lo cual también
se disuelven las contradicciones de distinta naturaleza que lo atraviesan y
constriñen. Así pues, sus políticas pueden ser entendidas como subordina-
das a los intereses directos de los capitales petroleros y su capacidad de lo-
bby —o bien, en el sesgo opuesto, a la manera de intervenciones más o me-
nos “automáticas” y “correctoras” de las compulsiones de la acumulación.
La perspectiva del ensayo-error (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022a) concibe
al Estado en tanto forma política del capital, cuyo movimiento contradictorio
expresa una lógica de reproducción social conictiva y anárquica. El enfoque
entrelaza la forma o racionalidad interna del proceso de políticas públicas en
el Estado capitalista con la función o racionalidad externa de esas políticas,
desde la perspectiva de los requerimientos –no solo económicos– de aque-
lla reproducción. La premisa es que
[En el] mecanismo de ensayos y errores, es decir, en la forma misma que
reviste el proceso de políticas públicas, antes que en los diversos y contradic-
torios contenidos de sus políticas y sus complejos vínculos con los distintos
intereses sociales, [es] donde radica, en última instancia, el carácter capitalis-
ta del proceso de políticas públicas (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022b, p. 121).
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
76 77
El próximo apartado despliega este marco conceptual. El siguiente, mues-
tra e interpreta la mecánica de pruebas y errores que atravesó a distintas
políticas signicativas de la alianza Cambiemos. Por último, se sintetizan los
resultados del trabajo y se propone una nueva hipótesis conceptual. Así, el
artículo plantea una “retroducción” entre ideas y pruebas empíricas (Ragin,
2007). Desde el punto de vista metodológico, este diálogo está sostenido
por una triangulación de métodos y técnicas de recolección y análisis de
datos. Además del trabajo con la literatura cientíca, construimos un cor-
pus normativo y analizamos cualitativamente un conjunto de documentos y
resoluciones ociales. También empleamos distintos archivos periodísticos
con nes documentales. En lo que respecta al análisis de naturaleza cuan-
titativa, recurrimos a datos estadísticos brutos o elaborados, suministrados
tanto por fuentes ociales, como por distintos capitales del sector.
1. Mecanismo ensayo-error
¿Por qué el Estado modula su movimiento a través del mecanismo “ensa-
yo-error” (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022b; Holloway, 1993; Wirth, 2017)? Por
la misma razón por la cual es capitalista, sin ser un instrumento en manos de
la clase dominante. El Estado es una forma política particularizada (Hirsch,
2017), diferente de la forma económica de la relación capitalista, pero idéntica
a ella como expresión de una única realidad de subordinación del trabajo al
capital. Esta armación dota de distintos signicados al hecho estatal:
(1) Es un momento de la reproducción social (Clarke, 1991), ligado a ella
por su estructura y sus funciones. En la sociedad capitalista, las personas
se individualizan como propietarios en competencia, se enfrentan como
clases antagonistas y se agrupan e identican frente a distintas opresio-
nes –el patriarcado, el racismo, el nacionalismo–. Así como el valor exte-
rioriza y objetiva el carácter social del trabajo (Rubin, 1974), el Estado es la
mediación política que proporciona (algún tipo de) unidad a una sociedad
en la que los asuntos comunes no pueden resolverse mediante acuerdos
conscientes y directos entre sus miembros (Hirsch y Kannankulam, 2011);
(2) Es una objetivación enfrentada a la sociedad, que sanciona y a la vez
estructura principios que moldean representaciones y comportamientos
de los individuos;
(3) Es un proceso (Ollman, 2003) mediado por las acciones de los su-
jetos en sus relaciones contradictorias de explotación y de competencia,
por lo tanto, un proceso no funcional sino inestable e incierto.
Como momento, la forma política está inscripta en una reproducción anár-
quica, espoleada por crisis y propensa a periódicas reestructuraciones (Hir-
sch, 2017; Mattick, 2013), que se explica por la separación de las condiciones
particulares y generales de la producción, así como por las compulsiones
de la acumulación y la proliferación de todo tipo de conictos. Como media-
Diego Pérez Roig
ción necesaria para preservar la cohesión de la sociedad capitalista (Poulant-
zas, 2001), la intervención estatal se encuentra sometida a una contradicción
fundamental. Por un lado, asume la forma de un poder público exterior, que
enfrenta a sujetos jurídicamente idénticos y libres en tanto propietarios de
mercancías y súbditos (Hirsch, 2017; Piva, 2012). Pero, por el otro, su conteni-
do tiende a la organización de la dominación de clase, entendida simultánea-
mente como: (a) la superación de las respuestas anárquicas, descoordinadas y
“desarmadas” de los capitales al desafío obrero (Piva, 2012); (b) la articulación
de un dominio integral del capital sobre la sociedad (Negri, 1992; Wirth, 2017).
La supervivencia del Estado capitalista depende de la reconciliación diná-
mica de esta doble determinación: debe sostener su particularización para
recomponer a la sociedad como un todo, allende sus innitos intereses
particulares, aunque él mismo se encuentra enraizado en el modo en que
esa sociedad organiza el trabajo social y se reproduce materialmente. En
regímenes democráticos, esta dualidad del poder político se expresa en un
compromiso objetivo con la acumulación de capital y aquellos intereses que
constituyen a los capitales en tanto clase, pero que se encuentra mediado,
a su vez, por procesos políticos que rearman la lealtad de masas al Estado,
legitiman la dominación y contribuyen a negar sistemáticamente su natura-
leza clasista (Habermas, 1999; O’Connor, 1974; Oe, 1984). Las funciones de
acumulación y legitimación atraviesan al Estado y al conjunto de sus políti-
cas, en el marco de tendencias a la crisis que tornan objetiva la emergencia
de una contradicción entre ambas.
Como objetivación, la forma política se condensa institucionalmente en un
aparato de dominación abstracta e impersonal, en el que reverbera la misma
abstracción e impersonalidad del mercado, y cuyo medio especíco es el
ejercicio del monopolio de la violencia legítima (Weber, 2008). Sin embargo,
la conexión entre el establecimiento de relaciones capitalistas de explota-
ción y la formación del Estado moderno no es causal sino histórica, lo cual
implica que forma política y conguración institucional no son términos idén-
ticos y no pueden derivarse uno del otro, sino que mantienen una relación de
mutua correspondencia y contradicción (Hirsch y Kannankulam, 2011). Como
aparato concentrado de coerción y hallándose sustraído de los imperativos
directos de la competencia, el Estado puede reunir los medios necesarios
para reorganizar sistemáticamente el proceso capitalista de reproducción
social. Ahora bien, su propia materialidad es, asimismo, el locus en el que
campea el personal estatal, categoría social que encarna aquella naturaleza
de la dominación, pero que también desarrolla intereses especícos y no
siempre convergentes con las exigencias de la acumulación (Álvarez Huwi-
ler y Bonnet, 2022b; Hirsch, 2017; Piva, 2012).
Como proceso, la forma política está constituida y se desenvuelve precaria-
mente a través de una dinámica contenciosa. Ello transforma al Estado en
un hecho no monolítico sino abierto, cualidad que es al mismo tiempo límite
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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El próximo apartado despliega este marco conceptual. El siguiente, mues-
tra e interpreta la mecánica de pruebas y errores que atravesó a distintas
políticas signicativas de la alianza Cambiemos. Por último, se sintetizan los
resultados del trabajo y se propone una nueva hipótesis conceptual. Así, el
artículo plantea una “retroducción” entre ideas y pruebas empíricas (Ragin,
2007). Desde el punto de vista metodológico, este diálogo está sostenido
por una triangulación de métodos y técnicas de recolección y análisis de
datos. Además del trabajo con la literatura cientíca, construimos un cor-
pus normativo y analizamos cualitativamente un conjunto de documentos y
resoluciones ociales. También empleamos distintos archivos periodísticos
con nes documentales. En lo que respecta al análisis de naturaleza cuan-
titativa, recurrimos a datos estadísticos brutos o elaborados, suministrados
tanto por fuentes ociales, como por distintos capitales del sector.
1. Mecanismo ensayo-error
¿Por qué el Estado modula su movimiento a través del mecanismo “ensa-
yo-error” (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022b; Holloway, 1993; Wirth, 2017)? Por
la misma razón por la cual es capitalista, sin ser un instrumento en manos de
la clase dominante. El Estado es una forma política particularizada (Hirsch,
2017), diferente de la forma económica de la relación capitalista, pero idéntica
a ella como expresión de una única realidad de subordinación del trabajo al
capital. Esta armación dota de distintos signicados al hecho estatal:
(1) Es un momento de la reproducción social (Clarke, 1991), ligado a ella
por su estructura y sus funciones. En la sociedad capitalista, las personas
se individualizan como propietarios en competencia, se enfrentan como
clases antagonistas y se agrupan e identican frente a distintas opresio-
nes –el patriarcado, el racismo, el nacionalismo–. Así como el valor exte-
rioriza y objetiva el carácter social del trabajo (Rubin, 1974), el Estado es la
mediación política que proporciona (algún tipo de) unidad a una sociedad
en la que los asuntos comunes no pueden resolverse mediante acuerdos
conscientes y directos entre sus miembros (Hirsch y Kannankulam, 2011);
(2) Es una objetivación enfrentada a la sociedad, que sanciona y a la vez
estructura principios que moldean representaciones y comportamientos
de los individuos;
(3) Es un proceso (Ollman, 2003) mediado por las acciones de los su-
jetos en sus relaciones contradictorias de explotación y de competencia,
por lo tanto, un proceso no funcional sino inestable e incierto.
Como momento, la forma política está inscripta en una reproducción anár-
quica, espoleada por crisis y propensa a periódicas reestructuraciones (Hir-
sch, 2017; Mattick, 2013), que se explica por la separación de las condiciones
particulares y generales de la producción, así como por las compulsiones
de la acumulación y la proliferación de todo tipo de conictos. Como media-
Diego Pérez Roig
ción necesaria para preservar la cohesión de la sociedad capitalista (Poulant-
zas, 2001), la intervención estatal se encuentra sometida a una contradicción
fundamental. Por un lado, asume la forma de un poder público exterior, que
enfrenta a sujetos jurídicamente idénticos y libres en tanto propietarios de
mercancías y súbditos (Hirsch, 2017; Piva, 2012). Pero, por el otro, su conteni-
do tiende a la organización de la dominación de clase, entendida simultánea-
mente como: (a) la superación de las respuestas anárquicas, descoordinadas y
“desarmadas” de los capitales al desafío obrero (Piva, 2012); (b) la articulación
de un dominio integral del capital sobre la sociedad (Negri, 1992; Wirth, 2017).
La supervivencia del Estado capitalista depende de la reconciliación diná-
mica de esta doble determinación: debe sostener su particularización para
recomponer a la sociedad como un todo, allende sus innitos intereses
particulares, aunque él mismo se encuentra enraizado en el modo en que
esa sociedad organiza el trabajo social y se reproduce materialmente. En
regímenes democráticos, esta dualidad del poder político se expresa en un
compromiso objetivo con la acumulación de capital y aquellos intereses que
constituyen a los capitales en tanto clase, pero que se encuentra mediado,
a su vez, por procesos políticos que rearman la lealtad de masas al Estado,
legitiman la dominación y contribuyen a negar sistemáticamente su natura-
leza clasista (Habermas, 1999; O’Connor, 1974; Oe, 1984). Las funciones de
acumulación y legitimación atraviesan al Estado y al conjunto de sus políti-
cas, en el marco de tendencias a la crisis que tornan objetiva la emergencia
de una contradicción entre ambas.
Como objetivación, la forma política se condensa institucionalmente en un
aparato de dominación abstracta e impersonal, en el que reverbera la misma
abstracción e impersonalidad del mercado, y cuyo medio especíco es el
ejercicio del monopolio de la violencia legítima (Weber, 2008). Sin embargo,
la conexión entre el establecimiento de relaciones capitalistas de explota-
ción y la formación del Estado moderno no es causal sino histórica, lo cual
implica que forma política y conguración institucional no son términos idén-
ticos y no pueden derivarse uno del otro, sino que mantienen una relación de
mutua correspondencia y contradicción (Hirsch y Kannankulam, 2011). Como
aparato concentrado de coerción y hallándose sustraído de los imperativos
directos de la competencia, el Estado puede reunir los medios necesarios
para reorganizar sistemáticamente el proceso capitalista de reproducción
social. Ahora bien, su propia materialidad es, asimismo, el locus en el que
campea el personal estatal, categoría social que encarna aquella naturaleza
de la dominación, pero que también desarrolla intereses especícos y no
siempre convergentes con las exigencias de la acumulación (Álvarez Huwi-
ler y Bonnet, 2022b; Hirsch, 2017; Piva, 2012).
Como proceso, la forma política está constituida y se desenvuelve precaria-
mente a través de una dinámica contenciosa. Ello transforma al Estado en
un hecho no monolítico sino abierto, cualidad que es al mismo tiempo límite
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
78 79
y condición de posibilidad de sus intervenciones. El aparato estatal es una
realidad caótica que se organiza y desorganiza periódicamente, tanto en
términos horizontales como verticales (Oszlak, 1977). El carácter anárquico
y conictivo que estructura lo social en el capitalismo es absorbido por su
materialidad, impregnándose como cristalizaciones institucionales y fun-
cionales (Poulantzas, 2005) que se disgregan en una red heterogénea de
agencias. Esto obstaculiza el desenvolvimiento de intervenciones unitarias
y coherentes. Pero, a su vez, proporciona la plasticidad necesaria para sos-
tener relaciones complejas con distintas clases y grupos sociales, a partir
de las cuales obtener información y adoptar decisiones. En última instancia,
el arbitraje de la reproducción de las clases en su mutua y desigual relación
solo es capaz de realizarse política y materialmente a través de procesos de
lucha (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022b; Hirsch, 2017; Wirth, 2017).
Sinteticemos lo dicho hasta aquí. La determinación más profunda de la in-
tervención estatal no se explica por exigencias “externas”, sino que proviene
del propio Estado: debe organizar la dominación de clase evitando chocar
con las necesidades y límites de la producción capitalista, porque de ello
depende su propia vertebración como aparato (ver Oe, 1984, p. 104). Dicha
organización supone la sincronía –siempre incierta y precaria– entre los
modos especícamente políticos (dominación/legitimación) y económicos
(acumulación) que median históricamente la subordinación del trabajo. En
este momento es decisiva la racionalidad intrínseca y el liderazgo que des-
empeña el personal político como articulador de “modos de dominación” y
“proyectos de Estado” (Hirsch, 2005; Jessop, 2015). Estas cristalizaciones
estabilizan y restañan el campo de fuerzas abierto en las crisis, median la
conservación de ese aparato material y proporcionan una lógica para su fun-
cionamiento cotidiano.
La política pública encuentra allí su “paradigma” (Hall, 1993), orientación ge-
neral a partir de la cual enfrentar los desafíos planteados por la reproduc-
ción capitalista. Pero el desenvolvimiento anárquico de esta reproducción
la confronta con una multitud de requerimientos –muchas veces opuestos
entre sí–, problemas y conictos2 que obligan a recalibrar cotidianamente
sus objetivos, recursos y resultados esperados:
(1) El Estado no puede violar ordinariamente la separación entre econo-
mía y política sin por ello poner n a la relación de capital, pues la relación
de explotación descansa sobre un vínculo “desarmado” (Piva, 2012);
(2) Tampoco existe un “interés capitalista colectivo” discernible, sino
demandas y necesidades en pugna y en muchos sentidos irreconcilia-
2- No podemos desarrollarlo aquí (ver Pérez Roig, 2020), pero esto también es así en el
caso de aquellas políticas en las que el Estado desempeña una función social “objetiva”,
como la garantía del abastecimiento energético en tanto prerrequisito material de la acu-
mulación.
Diego Pérez Roig
bles. Pero en caso de que tal interés fuese distinguible, las intervencio-
nes “correctoras” aún deberían probar su factibilidad, tanto política como
material (Wirth, 2017);
(3) La autonomización y consecución de intereses particulares por
parte del funcionariado, así como la apertura a la inuencia de distintas
clases y grupos sociales –especialmente en las crisis–, pueden empujar
a la actividad estatal a chocar contra las necesidades y límites de la acu-
mulación (Oe, 1977).
Así pues, aun en condiciones de relativa estabilidad, la relación entre políti-
ca pública y reproducción capitalista siempre es problemática. El verdadero
desafío para el Estado no es implementar regulaciones y planes que “fun-
cionen” –ilusión condenada al fracaso de antemano–, sino arbitrar aquellas
medidas que, entre las fronteras de la adecuación cabal y la completa inade-
cuación, sean ecaces para gestionar los conictos propios de una sociedad
atravesada por contradicciones de clase y una multiplicidad de otras opre-
siones (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022b; Wirth, 2017). Prevalece, entonces,
un procedimiento de “averiguación constante” (Heinrich, 2008) y reacciones
ex post al desarrollo de la acumulación (Holloway y Picciotto, 2017), en virtud
de los cuales el proceso de la política pública adopta la forma de la prueba y
el error (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022b; Holloway, 1993; Wirth, 2017).
2. La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos
El triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de 2015 y sus primeros pasos
al frente del Poder Ejecutivo estuvieron signados, entre otros aspectos, por el
nombramiento de un importante número de directores ejecutivos en las po-
siciones jerárquicas de la administración pública (Canelo y Castellani, 2017a,
2017b; CIFRA y FLACSO, 2016). El Ministerio de Energía y Minería (MinEM),
creado con el propósito de priorizar la planicación, desarrollo e implemen-
tación de las políticas en la materia, se destacó por la elevada participación
de funcionarios procedentes de manera directa de la alta gerencia y con una
trayectoria laboral “privada pura” (Canelo y Castellani, 2017a, 2017b), así como
por la rauda implementación de un programa desregulador.3 La complejidad
de este fenómeno y sus distintos signicados sociales invitan a pensar más
allá de la imagen de un gobierno “conducido” o “colonizado” por los “sectores
dominantes” (Canelo y Castellani, 2017a, 2017b; CIFRA y FLACSO, 2016).
En primer término, debe señalarse que la participación de CEOs en el área
económica era un “rasgo frecuente de los gabinetes argentinos durante los
3- A los pocos días de la asunción de Macri, el Decreto 272/15 desarticuló buena parte de
las agencias e instrumentos de intervención formados en el marco de la Ley “de Soberanía
Hidrocarburífera” 26.741/12 (ver Sabbatella y Burgos, 2017).
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
78 79
y condición de posibilidad de sus intervenciones. El aparato estatal es una
realidad caótica que se organiza y desorganiza periódicamente, tanto en
términos horizontales como verticales (Oszlak, 1977). El carácter anárquico
y conictivo que estructura lo social en el capitalismo es absorbido por su
materialidad, impregnándose como cristalizaciones institucionales y fun-
cionales (Poulantzas, 2005) que se disgregan en una red heterogénea de
agencias. Esto obstaculiza el desenvolvimiento de intervenciones unitarias
y coherentes. Pero, a su vez, proporciona la plasticidad necesaria para sos-
tener relaciones complejas con distintas clases y grupos sociales, a partir
de las cuales obtener información y adoptar decisiones. En última instancia,
el arbitraje de la reproducción de las clases en su mutua y desigual relación
solo es capaz de realizarse política y materialmente a través de procesos de
lucha (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022b; Hirsch, 2017; Wirth, 2017).
Sinteticemos lo dicho hasta aquí. La determinación más profunda de la in-
tervención estatal no se explica por exigencias “externas”, sino que proviene
del propio Estado: debe organizar la dominación de clase evitando chocar
con las necesidades y límites de la producción capitalista, porque de ello
depende su propia vertebración como aparato (ver Oe, 1984, p. 104). Dicha
organización supone la sincronía –siempre incierta y precaria– entre los
modos especícamente políticos (dominación/legitimación) y económicos
(acumulación) que median históricamente la subordinación del trabajo. En
este momento es decisiva la racionalidad intrínseca y el liderazgo que des-
empeña el personal político como articulador de “modos de dominación” y
“proyectos de Estado” (Hirsch, 2005; Jessop, 2015). Estas cristalizaciones
estabilizan y restañan el campo de fuerzas abierto en las crisis, median la
conservación de ese aparato material y proporcionan una lógica para su fun-
cionamiento cotidiano.
La política pública encuentra allí su “paradigma” (Hall, 1993), orientación ge-
neral a partir de la cual enfrentar los desafíos planteados por la reproduc-
ción capitalista. Pero el desenvolvimiento anárquico de esta reproducción
la confronta con una multitud de requerimientos –muchas veces opuestos
entre sí–, problemas y conictos2 que obligan a recalibrar cotidianamente
sus objetivos, recursos y resultados esperados:
(1) El Estado no puede violar ordinariamente la separación entre econo-
mía y política sin por ello poner n a la relación de capital, pues la relación
de explotación descansa sobre un vínculo “desarmado” (Piva, 2012);
(2) Tampoco existe un “interés capitalista colectivo” discernible, sino
demandas y necesidades en pugna y en muchos sentidos irreconcilia-
2- No podemos desarrollarlo aquí (ver Pérez Roig, 2020), pero esto también es así en el
caso de aquellas políticas en las que el Estado desempeña una función social “objetiva”,
como la garantía del abastecimiento energético en tanto prerrequisito material de la acu-
mulación.
Diego Pérez Roig
bles. Pero en caso de que tal interés fuese distinguible, las intervencio-
nes “correctoras” aún deberían probar su factibilidad, tanto política como
material (Wirth, 2017);
(3) La autonomización y consecución de intereses particulares por
parte del funcionariado, así como la apertura a la inuencia de distintas
clases y grupos sociales –especialmente en las crisis–, pueden empujar
a la actividad estatal a chocar contra las necesidades y límites de la acu-
mulación (Oe, 1977).
Así pues, aun en condiciones de relativa estabilidad, la relación entre políti-
ca pública y reproducción capitalista siempre es problemática. El verdadero
desafío para el Estado no es implementar regulaciones y planes que “fun-
cionen” –ilusión condenada al fracaso de antemano–, sino arbitrar aquellas
medidas que, entre las fronteras de la adecuación cabal y la completa inade-
cuación, sean ecaces para gestionar los conictos propios de una sociedad
atravesada por contradicciones de clase y una multiplicidad de otras opre-
siones (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022b; Wirth, 2017). Prevalece, entonces,
un procedimiento de “averiguación constante” (Heinrich, 2008) y reacciones
ex post al desarrollo de la acumulación (Holloway y Picciotto, 2017), en virtud
de los cuales el proceso de la política pública adopta la forma de la prueba y
el error (Álvarez Huwiler y Bonnet, 2022b; Holloway, 1993; Wirth, 2017).
2. La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos
El triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de 2015 y sus primeros pasos
al frente del Poder Ejecutivo estuvieron signados, entre otros aspectos, por el
nombramiento de un importante número de directores ejecutivos en las po-
siciones jerárquicas de la administración pública (Canelo y Castellani, 2017a,
2017b; CIFRA y FLACSO, 2016). El Ministerio de Energía y Minería (MinEM),
creado con el propósito de priorizar la planicación, desarrollo e implemen-
tación de las políticas en la materia, se destacó por la elevada participación
de funcionarios procedentes de manera directa de la alta gerencia y con una
trayectoria laboral “privada pura” (Canelo y Castellani, 2017a, 2017b), así como
por la rauda implementación de un programa desregulador.3 La complejidad
de este fenómeno y sus distintos signicados sociales invitan a pensar más
allá de la imagen de un gobierno “conducido” o “colonizado” por los “sectores
dominantes” (Canelo y Castellani, 2017a, 2017b; CIFRA y FLACSO, 2016).
En primer término, debe señalarse que la participación de CEOs en el área
económica era un “rasgo frecuente de los gabinetes argentinos durante los
3- A los pocos días de la asunción de Macri, el Decreto 272/15 desarticuló buena parte de
las agencias e instrumentos de intervención formados en el marco de la Ley “de Soberanía
Hidrocarburífera” 26.741/12 (ver Sabbatella y Burgos, 2017).
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
80 81
años recientes” (Canelo y Castellani, 2017ª, p. 32). Para el PRO, primus inter
pares de la alianza Cambiemos, la victoria en las elecciones presidenciales
planteó el problema de la escasa disponibilidad de cuadros para ocupar los
principales puestos en la administración pública (Bonnet, 2016). Esta nece-
sidad reforzó el reclutamiento desde el medio corporativo, ámbito que había
nutrido el core partidario junto con la militancia oenegeísta y la dirigencia
política desgajada de los agrupamientos tradicionales en crisis (Vommaro,
2016). Como “partido de lo nuevo”, el PRO tomaba de aquellos dos prime-
ros “mundos sociales de pertenencia” un ethos que legitimaba sus políticas
por ecaces y transparentes (Vommaro y Morresi, 2016). Tal incorporación
de dirigentes rara vez alcanzaba a personas completamente ajenas a algún
tipo de participación política previa. Este señalamiento resulta relevante en
el caso del nuevo ministro de Energía y Minería. Desde su posición como
CEO de Shell, Juan José Aranguren había cumplido un rol público como re-
presentante de las demandas del sector hidrocarburífero y ese desempeño
lo había constituido en una gura del arco opositor al anterior gobierno (Sa-
bbatella y Burgos, 2017).
En segundo término, lo más importante es que no puede deducirse de ello
una disolución de las diferencias cualitativas que separan las relaciones es-
tatales de dominación de las relaciones privadas de explotación. Constre-
ñido por las determinaciones de la forma-estado, el funcionario no puede
desentenderse del proceso de acumulación de capital qua proceso global
de reproducción surcado por relaciones de poder entre clases y grupos so-
ciales. Su formación profesional-ideológica, así como sus vínculos interper-
sonales, deben avenirse a la inestabilidad de tales límites (Bonnet, 2016).
Comencemos por señalar cuáles eran estas constricciones y de qué modo
se traducían en disyuntivas para la política hidrocarburífera. Luego, veamos
de qué manera se expresaron como sucesión de ensayos y errores que afec-
taron a distintas medidas.
2.1. Objetivos y encrucijadas de la política hidrocarburífera
Los objetivos de la política hidrocarburífera encuentran su determinación
más profunda en la conguración global de la dominación. Hacia nes de
2015, la postconvertibilidad4 mostraba múltiples signos de agotamiento
(Piva, 2018; Wainer, 2018; López y Barrera Insua, 2020). En esta pérdida de
vitalidad se expresaba un entrelazamiento de factores de distinta índole. La
crisis mundial de 2008 había abierto una fase global de crecimiento débil,
deterioro de los precios de las commodities y presiones por la reestructura-
4- Empleamos el término para referirnos a una etapa de la relación entre acumulación y
dominación (ver Grigera y Eskenazi, 2013, pp. 167-168) que es posterior a la convertibilidad
y que, en sus diferentes fases, estuvo atravesada por la tendencia a una asincronía entre
economía y política (ver Piva, 2018).
Diego Pérez Roig
ción (Cantamutto et al., 2019; Piva, 2020; Wainer, 2018). Los desequilibrios
macroeconómicos propagaban esta coacción “externa” sobre el espacio na-
cional, pero ello era insuciente frente a la capacidad obrera y popular de
rechazo al ajuste. La salida del estancamiento imponía la reconguración del
entorno social a las nuevas exigencias de la acumulación. Para Cambiemos,
la resolución de este desafío descansaba en la ejecución de un amplio y pro-
fundo disciplinamiento de la sociedad en su conjunto (Piva, 2017).
Como aspecto de este objetivo general, la política energética debía alinear al
sector hidrocarburífero con la unicación del tipo de cambio, el ajuste scal y
la liberalización de los ujos comerciales y nancieros (Cantamutto y López,
2018; Wainer, 2019). Esto colocaba al MinEM frente a presiones contradic-
torias. El disciplinamiento a través de la restricción monetaria y la apertura
comercial debía encontrar apoyatura en la reducción del décit scal. Dé-
cit al cual contribuía, de modo determinante, la implementación de distintos
subsidios a la producción y el consumo de energía (Manzanelli y Basual-
do, 2016).5 Desde la óptica del Ministerio, el contexto de bajas cotizaciones
mundiales del petróleo y sus derivados abría una ventana de oportunidad. La
apertura de las importaciones y la convergencia de los precios locales con
los internacionales podían someter a la producción doméstica a un proceso
de reestructuración que la volviera menos dependiente de los estímulos s-
cales a la obtención de HNC.6 Ese contexto global atenuaría el desequilibrio
macroeconómico provocado por una eventual retracción de la oferta interna
y el incremento de las importaciones, así como el impacto sobre los combus-
tibles y las tarifas.
Sin embargo, este proceso de disciplinamiento podía chocar con límites de
distinta naturaleza y alcance. En primer término, la contracción de esa oferta
implicaba la posibilidad de un agravamiento de los desequilibrios del ba-
lance de pagos (Piva, 2018; Cantamutto et al., 2019). Por un lado, porque la
depresión de los precios mundiales obedecía a una guerra comercial que
infundía volatilidad en el mercado (Pérez Roig, 2024). Por el otro, debido a
que un exitoso relanzamiento de la postconvertibilidad supondría un veloz
incremento del consumo energético y las importaciones. El problema cró-
nico de la restricción externa empujaba (Manzanelli y Basualdo, 2016; Piva,
2018; Wainer, 2018), en sentido opuesto, a buscar el autoabastecimiento de
hidrocarburos y la obtención de saldos exportables. Pero para ello debían
generarse condiciones de acumulación en el sector conformes a la desaan-
5- Según datos de Secretaría de Energía de la Nación, estas erogaciones venían incremen-
tándose progresivamente desde 2004 –cuando representaron un 0,5% del PIB– y dieron
un salto abrupto del 2,1% al 3,5% del PIB entre 2012 y 2014.
6- Como parte de este proceso, luego de una pertinaz ofensiva de las cámaras empresaria-
les, en enero de 2017 fueron modicados los convenios colectivos de trabajo del personal
que cumplía tareas en la explotación no convencional (ver Landriscini, 2019).
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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años recientes” (Canelo y Castellani, 2017ª, p. 32). Para el PRO, primus inter
pares de la alianza Cambiemos, la victoria en las elecciones presidenciales
planteó el problema de la escasa disponibilidad de cuadros para ocupar los
principales puestos en la administración pública (Bonnet, 2016). Esta nece-
sidad reforzó el reclutamiento desde el medio corporativo, ámbito que había
nutrido el core partidario junto con la militancia oenegeísta y la dirigencia
política desgajada de los agrupamientos tradicionales en crisis (Vommaro,
2016). Como “partido de lo nuevo”, el PRO tomaba de aquellos dos prime-
ros “mundos sociales de pertenencia” un ethos que legitimaba sus políticas
por ecaces y transparentes (Vommaro y Morresi, 2016). Tal incorporación
de dirigentes rara vez alcanzaba a personas completamente ajenas a algún
tipo de participación política previa. Este señalamiento resulta relevante en
el caso del nuevo ministro de Energía y Minería. Desde su posición como
CEO de Shell, Juan José Aranguren había cumplido un rol público como re-
presentante de las demandas del sector hidrocarburífero y ese desempeño
lo había constituido en una gura del arco opositor al anterior gobierno (Sa-
bbatella y Burgos, 2017).
En segundo término, lo más importante es que no puede deducirse de ello
una disolución de las diferencias cualitativas que separan las relaciones es-
tatales de dominación de las relaciones privadas de explotación. Constre-
ñido por las determinaciones de la forma-estado, el funcionario no puede
desentenderse del proceso de acumulación de capital qua proceso global
de reproducción surcado por relaciones de poder entre clases y grupos so-
ciales. Su formación profesional-ideológica, así como sus vínculos interper-
sonales, deben avenirse a la inestabilidad de tales límites (Bonnet, 2016).
Comencemos por señalar cuáles eran estas constricciones y de qué modo
se traducían en disyuntivas para la política hidrocarburífera. Luego, veamos
de qué manera se expresaron como sucesión de ensayos y errores que afec-
taron a distintas medidas.
2.1. Objetivos y encrucijadas de la política hidrocarburífera
Los objetivos de la política hidrocarburífera encuentran su determinación
más profunda en la conguración global de la dominación. Hacia nes de
2015, la postconvertibilidad4 mostraba múltiples signos de agotamiento
(Piva, 2018; Wainer, 2018; López y Barrera Insua, 2020). En esta pérdida de
vitalidad se expresaba un entrelazamiento de factores de distinta índole. La
crisis mundial de 2008 había abierto una fase global de crecimiento débil,
deterioro de los precios de las commodities y presiones por la reestructura-
4- Empleamos el término para referirnos a una etapa de la relación entre acumulación y
dominación (ver Grigera y Eskenazi, 2013, pp. 167-168) que es posterior a la convertibilidad
y que, en sus diferentes fases, estuvo atravesada por la tendencia a una asincronía entre
economía y política (ver Piva, 2018).
Diego Pérez Roig
ción (Cantamutto et al., 2019; Piva, 2020; Wainer, 2018). Los desequilibrios
macroeconómicos propagaban esta coacción “externa” sobre el espacio na-
cional, pero ello era insuciente frente a la capacidad obrera y popular de
rechazo al ajuste. La salida del estancamiento imponía la reconguración del
entorno social a las nuevas exigencias de la acumulación. Para Cambiemos,
la resolución de este desafío descansaba en la ejecución de un amplio y pro-
fundo disciplinamiento de la sociedad en su conjunto (Piva, 2017).
Como aspecto de este objetivo general, la política energética debía alinear al
sector hidrocarburífero con la unicación del tipo de cambio, el ajuste scal y
la liberalización de los ujos comerciales y nancieros (Cantamutto y López,
2018; Wainer, 2019). Esto colocaba al MinEM frente a presiones contradic-
torias. El disciplinamiento a través de la restricción monetaria y la apertura
comercial debía encontrar apoyatura en la reducción del décit scal. Dé-
cit al cual contribuía, de modo determinante, la implementación de distintos
subsidios a la producción y el consumo de energía (Manzanelli y Basual-
do, 2016).5 Desde la óptica del Ministerio, el contexto de bajas cotizaciones
mundiales del petróleo y sus derivados abría una ventana de oportunidad. La
apertura de las importaciones y la convergencia de los precios locales con
los internacionales podían someter a la producción doméstica a un proceso
de reestructuración que la volviera menos dependiente de los estímulos s-
cales a la obtención de HNC.6 Ese contexto global atenuaría el desequilibrio
macroeconómico provocado por una eventual retracción de la oferta interna
y el incremento de las importaciones, así como el impacto sobre los combus-
tibles y las tarifas.
Sin embargo, este proceso de disciplinamiento podía chocar con límites de
distinta naturaleza y alcance. En primer término, la contracción de esa oferta
implicaba la posibilidad de un agravamiento de los desequilibrios del ba-
lance de pagos (Piva, 2018; Cantamutto et al., 2019). Por un lado, porque la
depresión de los precios mundiales obedecía a una guerra comercial que
infundía volatilidad en el mercado (Pérez Roig, 2024). Por el otro, debido a
que un exitoso relanzamiento de la postconvertibilidad supondría un veloz
incremento del consumo energético y las importaciones. El problema cró-
nico de la restricción externa empujaba (Manzanelli y Basualdo, 2016; Piva,
2018; Wainer, 2018), en sentido opuesto, a buscar el autoabastecimiento de
hidrocarburos y la obtención de saldos exportables. Pero para ello debían
generarse condiciones de acumulación en el sector conformes a la desaan-
5- Según datos de Secretaría de Energía de la Nación, estas erogaciones venían incremen-
tándose progresivamente desde 2004 –cuando representaron un 0,5% del PIB– y dieron
un salto abrupto del 2,1% al 3,5% del PIB entre 2012 y 2014.
6- Como parte de este proceso, luego de una pertinaz ofensiva de las cámaras empresaria-
les, en enero de 2017 fueron modicados los convenios colectivos de trabajo del personal
que cumplía tareas en la explotación no convencional (ver Landriscini, 2019).
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
82 83
te geología nacional y las estrategias internacionalizadas de competencia
de los capitales (Pérez Roig, 2021).
En segundo término, el macrismo debía legitimar el ajuste en esta y otras
áreas sumido en una situación de debilidad político-institucional. No podía
subestimar la construcción de apoyos a nivel federal (Bonnet, 2016), pero la
probable caída de la inversión determinaría una retracción de los ingresos
corrientes y del mercado de trabajo de las provincias petroleras.7 Las condi-
ciones tampoco le permitían presuponer la aceptación popular pasiva de los
incrementos de los combustibles y las tarifas, sobre todo si estos se entre-
lazaban con los efectos inacionarios de la unicación del tipo de cambio
(Wainer, 2019).
En suma, la resolución de la crisis scal podía ser vector de una subsunción
más rigurosa del conjunto de la sociedad a los imperativos del mercado. Pero
ello transformaba a la intervención del MinEM en un momento especíco del
proceso más amplio de reconguración del campo de fuerzas sociales, ob-
jetivo que Cambiemos había contraído como tarea histórica. Esta situación
obligaría a la conducción de la cartera energética –así como al resto de los
CEOs del gabinete– a enfrentar problemas cuya sola concepción suponía un
distanciamiento de su ámbito de procedencia y de los intereses particulares
ligados a él (Piva, 2017).
2.2. Ensayos y errores
2.2.1. Shock tarifario y resistencia popular
Durante 2016, el MinEM se embarcó en una agresiva política de reducción
de subsidios. Su marco fue el diagnóstico de una grave crisis energética pro-
vocada por el anterior gobierno que afectaba a los distintos segmentos del
sector (Sabbatella y Burgos, 2017). A nes de enero, se dispuso un ajuste del
valor agregado de distribución y un incremento de los cuadros tarifarios para
los usuarios de energía eléctrica de Edenor y Edesur.8 En abril, comenzó un
aumento de las tarifas de gas a nivel nacional9, que fue acompañado por ma-
yores precios del uido destinado a la generación eléctrica10 y el suministro
de GNC11. De esta manera, los incrementos alcanzaron a todos los segmen-
tos regulados, alrededor del 73% de la demanda de gas (Arceo, 2018; López
Crespo, 2022).
7- Aunque no serán abordadas por límites de espacio, en este punto debemos mencionar
las tensiones que atravesaron a la política de precios internos del crudo. Su desenvolvi-
miento también estuvo mediado por una trama de ensayos y errores como los que mostra-
remos a continuación.
8- Resolución 1/2016 del ENRE; Resolución 7/2016 del MinEM.
9- Resoluciones 28/2016 y 31/2016 del MinEM.
10- Resolución 41/2016 del MinEM.
11- Resolución 34/2016 del MinEM.
Diego Pérez Roig
El aumento del precio en el Punto de Ingreso al Sistema (PIST) buscaba re-
ducir las erogaciones hechas en calidad de estímulo a la oferta a través de
los planes Gas I y II, así como aquellas destinadas a subsidiar el consumo del
gas proveniente del exterior. En lo inmediato, el incentivo para el productor
no sería económico, sino nanciero. Las inversiones de los capitales petrole-
ros no percibirían un mejor precio que el ya jado por aquellos planes, pero
una mayor parte de sus ingresos provendría directamente de la demanda,
en lugar de cobrarlo del Estado en plazos que iban de 90 a 180 días (Arceo,
2018; López Crespo, 2022). Por otro lado, también se pretendía recomponer
los ingresos de los segmentos de distribución y transporte, afectados por
la eliminación de los subsidios contemplados en la Resolución 263/15 de
Secretaría de Energía.
La intención del MinEM era descargar esos ajustes sobre lo abonado por la
demanda. En ese momento, se proyectó ocialmente un monto de reduc-
ción de subsidios de US$ 4.000 millones en relación a 2015 (Ministerio de
Energía y Minería, 1 de abril de 2016). La urgencia con la que pretendía llevar
a cabo el recorte condujo al Gobierno a desestimar la convocatoria a audien-
cias públicas, pese a que se encontraba obligado por la normativa vigente
y se trataba de un paso no vinculante. El procedimiento hubiese demorado
varios meses la entrada en rigor de la medida.
El incremento inicial de la factura media alcanzaba el 200% para los usuarios
residenciales y el 700% para los no residenciales (Arceo, 2018; Sabbatella y
Burgos, 2017). Los aumentos eran mayores en el Departamento de Malargüe,
la Puna y la Patagonia, regiones donde distintas medidas judiciales habían
bloqueado la implementación de los cuadros tarifarios denidos en 2014. Sin
embargo, se mantuvo el régimen de “Tarifa Social” y se ampliaron sus crite-
rios de elegibilidad. También se estableció un esquema de compensación
para aquellos usuarios que registraran un ahorro igual o superior al 15% del
consumo del mismo período del año anterior. Frente a las primeras reaccio-
nes, Aranguren sostuvo que “más allá de que a mucha gente le [hubiera] pa-
recido un shock, esto [había] sido una implementación gradualista. Nosotros
todavía no estamos recuperando el costo de producir […] gas y petróleo en la
Argentina” (La Nación, 2 de abril de 2016).
En el marco de una contracción de la economía y la caída del poder adqui-
sitivo ocasionada por la unicación del tipo de cambio, la magnitud de los
aumentos catalizó un amplio movimiento de oposición al tarifazo a nivel na-
cional. En la Patagonia, la protesta de ciudadanos autoconvocados y empre-
sarios ligados a la actividad turística puso a distintas autoridades municipa-
les y provinciales a la cabeza del rechazo (Wyczykier, 2018). Sucesivos fallos
de la justicia federal y local suspendieron los aumentos, a partir de objetar
la no realización de audiencias públicas, así como su carácter “arbitrario y
desmedido” (La Nación, 23 de mayo de 2016). Esta presión forzó al Gobierno
a un primer retroceso. En mayo, el MinEM comunicó que, con nanciamiento
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
82 83
te geología nacional y las estrategias internacionalizadas de competencia
de los capitales (Pérez Roig, 2021).
En segundo rmino, el macrismo debía legitimar el ajuste en esta y otras
áreas sumido en una situación de debilidad político-institucional. No podía
subestimar la construcción de apoyos a nivel federal (Bonnet, 2016), pero la
probable caída de la inversión determinaría una retracción de los ingresos
corrientes y del mercado de trabajo de las provincias petroleras.7 Las condi-
ciones tampoco le permitían presuponer la aceptación popular pasiva de los
incrementos de los combustibles y las tarifas, sobre todo si estos se entre-
lazaban con los efectos inacionarios de la unicación del tipo de cambio
(Wainer, 2019).
En suma, la resolución de la crisis scal podía ser vector de una subsunción
más rigurosa del conjunto de la sociedad a los imperativos del mercado. Pero
ello transformaba a la intervención del MinEM en un momento especíco del
proceso más amplio de reconguración del campo de fuerzas sociales, ob-
jetivo que Cambiemos había contraído como tarea histórica. Esta situación
obligaría a la conducción de la cartera energética –así como al resto de los
CEOs del gabinete– a enfrentar problemas cuya sola concepción suponía un
distanciamiento de su ámbito de procedencia y de los intereses particulares
ligados a él (Piva, 2017).
2.2. Ensayos y errores
2.2.1. Shock tarifario y resistencia popular
Durante 2016, el MinEM se embarcó en una agresiva política de reducción
de subsidios. Su marco fue el diagnóstico de una grave crisis energética pro-
vocada por el anterior gobierno que afectaba a los distintos segmentos del
sector (Sabbatella y Burgos, 2017). A nes de enero, se dispuso un ajuste del
valor agregado de distribución y un incremento de los cuadros tarifarios para
los usuarios de energía eléctrica de Edenor y Edesur.8 En abril, comenzó un
aumento de las tarifas de gas a nivel nacional9, que fue acompañado por ma-
yores precios del uido destinado a la generación eléctrica10 y el suministro
de GNC11. De esta manera, los incrementos alcanzaron a todos los segmen-
tos regulados, alrededor del 73% de la demanda de gas (Arceo, 2018; López
Crespo, 2022).
7- Aunque no serán abordadas por límites de espacio, en este punto debemos mencionar
las tensiones que atravesaron a la política de precios internos del crudo. Su desenvolvi-
miento también estuvo mediado por una trama de ensayos y errores como los que mostra-
remos a continuación.
8- Resolución 1/2016 del ENRE; Resolución 7/2016 del MinEM.
9- Resoluciones 28/2016 y 31/2016 del MinEM.
10- Resolución 41/2016 del MinEM.
11- Resolución 34/2016 del MinEM.
Diego Pérez Roig
El aumento del precio en el Punto de Ingreso al Sistema (PIST) buscaba re-
ducir las erogaciones hechas en calidad de estímulo a la oferta a través de
los planes Gas I y II, así como aquellas destinadas a subsidiar el consumo del
gas proveniente del exterior. En lo inmediato, el incentivo para el productor
no sería económico, sino nanciero. Las inversiones de los capitales petrole-
ros no percibirían un mejor precio que el ya jado por aquellos planes, pero
una mayor parte de sus ingresos provendría directamente de la demanda,
en lugar de cobrarlo del Estado en plazos que iban de 90 a 180 días (Arceo,
2018; López Crespo, 2022). Por otro lado, también se pretendía recomponer
los ingresos de los segmentos de distribución y transporte, afectados por
la eliminación de los subsidios contemplados en la Resolución 263/15 de
Secretaría de Energía.
La intención del MinEM era descargar esos ajustes sobre lo abonado por la
demanda. En ese momento, se proyectó ocialmente un monto de reduc-
ción de subsidios de US$ 4.000 millones en relación a 2015 (Ministerio de
Energía y Minería, 1 de abril de 2016). La urgencia con la que pretendía llevar
a cabo el recorte condujo al Gobierno a desestimar la convocatoria a audien-
cias públicas, pese a que se encontraba obligado por la normativa vigente
y se trataba de un paso no vinculante. El procedimiento hubiese demorado
varios meses la entrada en rigor de la medida.
El incremento inicial de la factura media alcanzaba el 200% para los usuarios
residenciales y el 700% para los no residenciales (Arceo, 2018; Sabbatella y
Burgos, 2017). Los aumentos eran mayores en el Departamento de Malargüe,
la Puna y la Patagonia, regiones donde distintas medidas judiciales habían
bloqueado la implementación de los cuadros tarifarios denidos en 2014. Sin
embargo, se mantuvo el régimen de “Tarifa Social” y se ampliaron sus crite-
rios de elegibilidad. También se estableció un esquema de compensación
para aquellos usuarios que registraran un ahorro igual o superior al 15% del
consumo del mismo período del año anterior. Frente a las primeras reaccio-
nes, Aranguren sostuvo que “más allá de que a mucha gente le [hubiera] pa-
recido un shock, esto [había] sido una implementación gradualista. Nosotros
todavía no estamos recuperando el costo de producir […] gas y petróleo en la
Argentina” (La Nación, 2 de abril de 2016).
En el marco de una contracción de la economía y la caída del poder adqui-
sitivo ocasionada por la unicación del tipo de cambio, la magnitud de los
aumentos catalizó un amplio movimiento de oposición al tarifazo a nivel na-
cional. En la Patagonia, la protesta de ciudadanos autoconvocados y empre-
sarios ligados a la actividad turística puso a distintas autoridades municipa-
les y provinciales a la cabeza del rechazo (Wyczykier, 2018). Sucesivos fallos
de la justicia federal y local suspendieron los aumentos, a partir de objetar
la no realización de audiencias públicas, así como su carácter “arbitrario y
desmedido” (La Nación, 23 de mayo de 2016). Esta presión forzó al Gobierno
a un primer retroceso. En mayo, el MinEM comunicó que, con nanciamiento
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
84 85
del Estado nacional, pequeños comercios, pymes y entes ociales de todo el
país abonarían en cuotas el 50% de lo correspondiente al invierno de 2016,
durante los períodos de menor consumo de 2016, 2017 y 2018. Pocos días
después trascendió que, en una reunión con el intendente del partido de San
Martín, Aranguren había explicado que las subas de tarifas obedecían a “una
planilla de Excel que debía cumplir” (Ámbito Financiero, 26 de mayo de 2016).
En junio, la Resolución 99/16 del MinEM estableció topes en el monto nal
facturado por metro cúbico de gas. Lo abonado por los usuarios residencia-
les no debería superar un 400% de incremento, mientras que los pequeños
comercios, establecimientos de salud y educación, y pymes, no afrontarían
subas mayores al 500%.
Lejos de descomprimir, los límites fueron considerados “una burla” por bue-
na parte de la opinión pública (Página/12, 7 de junio de 2016) y dieron mayor
impulso al conicto. A partir de junio, proliferaron las protestas en todo el
país, bajo la modalidad de movilizaciones, concentraciones, ruidazos y fra-
zadazos. También se multiplicaron los recursos de amparo y las medidas
cautelares dispuestas por juzgados de diversa competencia, ante lo cual el
Gobierno decidió ejercer una fuerte presión sobre la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación (CSJN) para que se expidiera sobre la constitucionalidad
de las decisiones adoptadas. En esta dinámica cobraron protagonismo las
multisectoriales integradas por sindicatos, cooperativas, asociaciones civi-
les, asambleas ciudadanas, organizaciones políticas, comerciantes y peque-
ños empresarios (Cantamutto y López, 2018; Wyczykier, 2018). A nes de
mes, Aranguren compareció ante un plenario de las comisiones de Minería,
Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías del Senado de la Nación.
Con el telón de fondo del conicto abierto a nivel nacional, el ministro reci-
bió cuestionamientos acerca del rumbo y el modo de implementación de las
políticas. Frente a ello, admitió que estaban “aprendiendo sobre la marcha”
(Página/12, 23 de junio de 2016).
El 7 de julio, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata frenó el aumento
tarifario a nivel nacional. El fallo consideró procedentes los recursos pre-
sentados por las asociaciones civiles Consumidores Argentinos y el Centro
de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, que habían
impugnado la implementación del ajuste de tarifas sin la previa realización
de audiencias públicas (Página/12, 8 de julio de 2016). El Gobierno apeló la
medida mediante un recurso extraordinario para que el caso llegara rápida-
mente a la CSJN (Ámbito Financiero, 12 de julio de 2016) y realizó nuevas
modicaciones al esquema de tarifas. La Resolución 129/16 del MinEM es-
tableció que los topes dispuestos el mes anterior regirían para el total de la
factura, con independencia del consumo. La decisión anterior había pasado
por alto el récord de frío registrado en el otoño y el signicativo incremento
del consumo de gas respecto del año anterior, motivo por el cual muchos
usuarios habían sido penalizados con aumentos muy superiores al 400% y
Diego Pérez Roig
500%. Se estimó que esta modicación elevaría el subsidio del Estado del
20% al 30% de la factura (Página/12, 12 de julio de 2016). Asimismo, se am-
plió el gimen de factura social para incorporar a 300 mil usuarios más. En
rueda de prensa, Aranguren describió al nuevo parche como “una mezcla
entre lo técnicamente deseable y lo políticamente posible” (Página/12, 13 de
julio de 2016).
La impugnación popular al tarifazo obligó a distintos integrantes del Ejecu-
tivo a admitir ocialmente la comisión de errores en la instrumentación del
esquema. Al interior de la coalición de gobierno, la situación puso en entre-
dicho la continuidad del ministro. Pero Macri optó por sostenerlo, defendién-
dolo tanto en privado –“él se come las puteadas que me tendrían que venir
a mí y a ustedes” (La Nación, 15 de julio de 2016)–, como en público –“Aran-
guren está aprendiendo lo que es la política” (La Nación, 22 de julio de 2016).
A mediados de agosto, la CSJN resolvió por unanimidad el cumplimiento
obligatorio de la audiencia pública previa y la nulidad de los aumentos a los
usuarios residenciales, cuyas tarifas debían retrotraerse a los valores vigen-
tes con anterioridad a las resoluciones del MinEM (Centro de Información
Judicial, 18 de agosto de 2016).
Dicha audiencia tuvo lugar en septiembre. Aranguren presentó un nuevo
sendero de precios para el gas en boca de pozo, con aumentos semestrales
entre octubre de 2016 y octubre de 2019.12 El esquema perseguía dos obje-
tivos: otorgar “señales claras” y garantizar la viabilidad de los proyectos de
explotación no convencional, y reducir a 0% los subsidios hacia octubre de
2019. Aunque el aumento inicial era un 27% menor –con lo cual, la reducción
planteada en abril de 2016 se lograría recién en abril de 2018–, la dolariza-
ción del gas en el PIST y el valor nal a alcanzar (US$ 6,8/MMBTU) se mantu-
vieron. El sendero originó una dinámica de aumentos tarifarios13 superiores
a la inación y muy por encima de la evolución de los salarios reales que
socavó progresivamente la legitimidad del Gobierno.
El desencadenamiento de la crisis tras las acciones callejeras de diciembre
de 2017, el cierre del nanciamiento externo y la depreciación del peso a
partir de enero de 2018, tornaron políticamente inviable ese rumbo. En mayo,
el Gobierno anunció la rma de un acuerdo stand by con el FMI por un prés-
tamo total de US$ 50.000 millones. A cambio de este salvataje, se compro-
metió a profundizar y acelerar el ajuste scal, lo cual incluía la reducción de
subsidios a la energía. Al mes siguiente, Macri vetó una ley de Emergencia
Tarifaria que retrotraía los aumentos de gas –así como los de electricidad y
agua– a noviembre de 2017 y prohibía su actualización por encima del índice
de variación salarial hasta 2019 (Página/12, 31 de mayo de 2018).14 El presi-
12- Plasmado en octubre en la Resolución 212-E/2016 del MinEM.
13- Al precio del gas se le adicionaron sucesivos aumentos de los componentes de trans-
porte y distribución.
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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del Estado nacional, pequeños comercios, pymes y entes ociales de todo el
país abonarían en cuotas el 50% de lo correspondiente al invierno de 2016,
durante los períodos de menor consumo de 2016, 2017 y 2018. Pocos días
después trascendió que, en una reunión con el intendente del partido de San
Martín, Aranguren había explicado que las subas de tarifas obedecían a “una
planilla de Excel que debía cumplir” (Ámbito Financiero, 26 de mayo de 2016).
En junio, la Resolución 99/16 del MinEM estableció topes en el monto nal
facturado por metro cúbico de gas. Lo abonado por los usuarios residencia-
les no debería superar un 400% de incremento, mientras que los pequeños
comercios, establecimientos de salud y educación, y pymes, no afrontarían
subas mayores al 500%.
Lejos de descomprimir, los límites fueron considerados “una burla” por bue-
na parte de la opinión pública (Página/12, 7 de junio de 2016) y dieron mayor
impulso al conicto. A partir de junio, proliferaron las protestas en todo el
país, bajo la modalidad de movilizaciones, concentraciones, ruidazos y fra-
zadazos. También se multiplicaron los recursos de amparo y las medidas
cautelares dispuestas por juzgados de diversa competencia, ante lo cual el
Gobierno decidió ejercer una fuerte presión sobre la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación (CSJN) para que se expidiera sobre la constitucionalidad
de las decisiones adoptadas. En esta dinámica cobraron protagonismo las
multisectoriales integradas por sindicatos, cooperativas, asociaciones civi-
les, asambleas ciudadanas, organizaciones políticas, comerciantes y peque-
ños empresarios (Cantamutto y López, 2018; Wyczykier, 2018). A nes de
mes, Aranguren compareció ante un plenario de las comisiones de Minería,
Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías del Senado de la Nación.
Con el telón de fondo del conicto abierto a nivel nacional, el ministro reci-
bió cuestionamientos acerca del rumbo y el modo de implementación de las
políticas. Frente a ello, admitió que estaban “aprendiendo sobre la marcha”
(Página/12, 23 de junio de 2016).
El 7 de julio, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata frenó el aumento
tarifario a nivel nacional. El fallo consideró procedentes los recursos pre-
sentados por las asociaciones civiles Consumidores Argentinos y el Centro
de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, que habían
impugnado la implementación del ajuste de tarifas sin la previa realización
de audiencias públicas (Página/12, 8 de julio de 2016). El Gobierno apeló la
medida mediante un recurso extraordinario para que el caso llegara rápida-
mente a la CSJN (Ámbito Financiero, 12 de julio de 2016) y realizó nuevas
modicaciones al esquema de tarifas. La Resolución 129/16 del MinEM es-
tableció que los topes dispuestos el mes anterior regirían para el total de la
factura, con independencia del consumo. La decisión anterior había pasado
por alto el récord de frío registrado en el otoño y el signicativo incremento
del consumo de gas respecto del año anterior, motivo por el cual muchos
usuarios habían sido penalizados con aumentos muy superiores al 400% y
Diego Pérez Roig
500%. Se estimó que esta modicación elevaría el subsidio del Estado del
20% al 30% de la factura (Página/12, 12 de julio de 2016). Asimismo, se am-
plió el régimen de factura social para incorporar a 300 mil usuarios más. En
rueda de prensa, Aranguren describió al nuevo parche como “una mezcla
entre lo técnicamente deseable y lo políticamente posible” (Página/12, 13 de
julio de 2016).
La impugnación popular al tarifazo obligó a distintos integrantes del Ejecu-
tivo a admitir ocialmente la comisión de errores en la instrumentación del
esquema. Al interior de la coalición de gobierno, la situación puso en entre-
dicho la continuidad del ministro. Pero Macri optó por sostenerlo, defendién-
dolo tanto en privado –“él se come las puteadas que me tendrían que venir
a mí y a ustedes” (La Nación, 15 de julio de 2016)–, como en público –“Aran-
guren está aprendiendo lo que es la política” (La Nación, 22 de julio de 2016).
A mediados de agosto, la CSJN resolvió por unanimidad el cumplimiento
obligatorio de la audiencia pública previa y la nulidad de los aumentos a los
usuarios residenciales, cuyas tarifas debían retrotraerse a los valores vigen-
tes con anterioridad a las resoluciones del MinEM (Centro de Información
Judicial, 18 de agosto de 2016).
Dicha audiencia tuvo lugar en septiembre. Aranguren presentó un nuevo
sendero de precios para el gas en boca de pozo, con aumentos semestrales
entre octubre de 2016 y octubre de 2019.12 El esquema perseguía dos obje-
tivos: otorgar “señales claras” y garantizar la viabilidad de los proyectos de
explotación no convencional, y reducir a 0% los subsidios hacia octubre de
2019. Aunque el aumento inicial era un 27% menor –con lo cual, la reducción
planteada en abril de 2016 se lograría recién en abril de 2018–, la dolariza-
ción del gas en el PIST y el valor nal a alcanzar (US$ 6,8/MMBTU) se mantu-
vieron. El sendero originó una dinámica de aumentos tarifarios13 superiores
a la inación y muy por encima de la evolución de los salarios reales que
socavó progresivamente la legitimidad del Gobierno.
El desencadenamiento de la crisis tras las acciones callejeras de diciembre
de 2017, el cierre del nanciamiento externo y la depreciación del peso a
partir de enero de 2018, tornaron políticamente inviable ese rumbo. En mayo,
el Gobierno anunció la rma de un acuerdo stand by con el FMI por un prés-
tamo total de US$ 50.000 millones. A cambio de este salvataje, se compro-
metió a profundizar y acelerar el ajuste scal, lo cual incluía la reducción de
subsidios a la energía. Al mes siguiente, Macri vetó una ley de Emergencia
Tarifaria que retrotraía los aumentos de gas –así como los de electricidad y
agua– a noviembre de 2017 y prohibía su actualización por encima del índice
de variación salarial hasta 2019 (Página/12, 31 de mayo de 2018).14 El presi-
12- Plasmado en octubre en la Resolución 212-E/2016 del MinEM.
13- Al precio del gas se le adicionaron sucesivos aumentos de los componentes de trans-
porte y distribución.
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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dente también desplazó a Aranguren –cara visible de los tarifazos– y redujo
el área de inuencia del MinEM, con el traslado de la cartera de Minería a la
órbita del Ministerio de Producción.
En julio, Javier Iguacel, nuevo ministro de Energía, raticó el mantenimien-
to de “las reglas del juego” en materia de dolarización e incrementos de lo
abonado por la demanda en concepto de precio del gas. En octubre, la Re-
solución 20/18 habilitó a las distribuidoras a exigir a los usuarios un cargo
extra en concepto de compensación de pérdidas o caída de rentabilidad por
los efectos de la devaluación de abril-septiembre. Sin embargo, el impacto
negativo en la opinión pública y la posibilidad de que la oposición derogara
la medida, hicieron que, a los pocos días, el Gobierno dejara sin efecto la
resolución y decidiera afrontar las diferencias originadas con recursos del
Tesoro (Ministerio de Economía de la Nación, 10 de octubre de 2018), alre-
dedor de $20.000 millones, que serían abonados sin intereses a partir de
octubre de 2019.
Esta nueva contramarcha se produjo en el marco de una importante rees-
tructuración del organigrama y del personal de la administración pública. En
septiembre, Macri redujo a la mitad la cantidad de ministerios, que pasaron
de veinte a diez.15 La cartera de Energía fue nalmente degradada a una Se-
cretaría dependiente del Ministerio de Economía. A nes de diciembre, y tras
solo seis meses al frente del área, Iguacel renunció a su cargo y fue reem-
plazado por Gustavo Lopetegui, ex vicejefe de Gabinete. El día previo a esta
decisión había anunciado nuevos aumentos de tarifas de electricidad y gas,
muy por encima de la inación proyectada para el año siguiente (Clarín, 28
de diciembre de 2018).
El último episodio de este proceso tuvo lugar a mediados de abril de 2019.
Un día después de conocerse el índice de inación de marzo, que alcanzó
el 4,7%, el Gobierno instrumentó un amplio paquete de medidas de corto
plazo (La Nación, 17 de abril de 2019). Los anuncios incluyeron un acuerdo
de precios por 60 productos de la canasta básica y el otorgamiento de más
poder de policía a la Secretaría de Comercio Interior; una nueva ronda de
créditos blandos para jubilados y beneciarios de planes sociales; y la ga-
rantía de abastecimiento de cortes populares de carne. En materia tarifaria,
se dispuso que no habría más aumentos de electricidad, gas y transporte
por el resto del año.16
14- La decisión era fuertemente rechazada por la opinión pública (El Cronista, 29 de mayo
de 2018) y empeoró la valoración negativa sobre el tema que se arrastraba desde 2016
(Clarín, 18 de julio de 2016).
15- Decreto 801/18.
16- El tema era una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y continuó siéndolo
en los meses siguientes (Ámbito Financiero, 8 de marzo de 2019; Clarín, 14 de julio de 2019).
Diego Pérez Roig
2.2.2. Conictos con capitales petroleros
En marzo de 2017, el MinEM implementó un nuevo programa de estímulo
para las inversiones y la extracción de gas proveniente de reservorios no
convencionales. Entre los considerandos que fundamentaban la medida, se
encontraba el “logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto,
mediano y largo plazo”, establecido por el artículo 3º de la Ley 26.741/12. Con
el propósito de “precisar un horizonte de precios previsibles”, la Resolución
46-E/17 (R46) estableció un valor mínimo a remunerar por esa producción
entre 2018-202117, al que se le restaría el “precio efectivo” consistente en el
precio medio de todas las ventas de gas natural de la empresa beneciada
en el mercado interno. Podrían adherir al programa las titulares de conce-
siones de explotación de la Cuenca Neuquina18 que presentaran un plan de
inversión especíco, que debía contar con la aprobación de la Autoridad de
Aplicación Provincial y la conformidad del MinEM. Como la voluntad del Eje-
cutivo era “acelerar el paso de la etapa piloto a la etapa de desarrollo” de
esas concesiones, el estímulo contenía un claro sesgo en favor de los nue-
vos proyectos de inversión19. Esto perjudicó a YPF, que adhirió los proyectos
La Ribera I y II y Estación Fernández Oro, pero tenía el grueso de su inver-
sión concentrada desde 2013 en los campos El Orejano y Loma Campana,
mientras que beneció a CGC (Corporación América) y, fundamentalmente,
a Tecpetrol (Techint). Entre 2018-2019, sobre un total de $ 30.000 millones,
la petrolera controlada por el Estado recibió el 9% de los pagos en concepto
de la R46, en tanto las últimas dos compañías percibieron el 21% y el 55%,
respectivamente.20
En el marco del programa, Tecpetrol emprendió la explotación masiva de
Fortín de Piedra. Durante la primera fase de desarrollo del área, la petrolera
estimaba invertir US$ 2.300 millones, con la perforación de 150 pozos y una
meta de producción de 8,5 millones de m3/d.21 En noviembre, el MinEM acep-
la adhesión del proyecto. Entre 2018-2019, Tecpetrol lideró el segundo
ciclo masivo de inversión en HNC, luego del encabezado por YPF-Chevron
17- Se jó un sendero decreciente US$ 7,5 MMBTU (2018), US$ 7 MMBTU (2019), US$ 6,5
MMBTU (2020) y US$ 6 MMBTU (2021)– con la expectativa de una convergencia con los
precios internos.
18- Luego, la Resolución 447/17 del MinEM amplió los benecios a la producción prove-
niente de la Cuenca Austral.
19- Los benecios serían por la totalidad de la producción para aquellas concesiones que
tuvieran una Producción Inicial menor a los 500 mil m3/d en el período julio 2016-ju-
nio-2017, mientras que sólo alcanzarían la oferta incremental de las que hubiesen equipa-
rado o superado dicha producción.
20- Cálculo propio basado en datos del Ministerio de Economía de la Nación.
21- Tecpetrol, Estados nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2017, p. 3.
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
86 87
dente también desplazó a Aranguren –cara visible de los tarifazos– y redujo
el área de inuencia del MinEM, con el traslado de la cartera de Minería a la
órbita del Ministerio de Producción.
En julio, Javier Iguacel, nuevo ministro de Energía, raticó el mantenimien-
to de “las reglas del juego” en materia de dolarización e incrementos de lo
abonado por la demanda en concepto de precio del gas. En octubre, la Re-
solución 20/18 habilitó a las distribuidoras a exigir a los usuarios un cargo
extra en concepto de compensación de pérdidas o caída de rentabilidad por
los efectos de la devaluación de abril-septiembre. Sin embargo, el impacto
negativo en la opinión pública y la posibilidad de que la oposición derogara
la medida, hicieron que, a los pocos días, el Gobierno dejara sin efecto la
resolución y decidiera afrontar las diferencias originadas con recursos del
Tesoro (Ministerio de Economía de la Nación, 10 de octubre de 2018), alre-
dedor de $20.000 millones, que serían abonados sin intereses a partir de
octubre de 2019.
Esta nueva contramarcha se produjo en el marco de una importante rees-
tructuración del organigrama y del personal de la administración pública. En
septiembre, Macri redujo a la mitad la cantidad de ministerios, que pasaron
de veinte a diez.15 La cartera de Energía fue nalmente degradada a una Se-
cretaría dependiente del Ministerio de Economía. A nes de diciembre, y tras
solo seis meses al frente del área, Iguacel renunció a su cargo y fue reem-
plazado por Gustavo Lopetegui, ex vicejefe de Gabinete. El día previo a esta
decisión había anunciado nuevos aumentos de tarifas de electricidad y gas,
muy por encima de la inación proyectada para el año siguiente (Clarín, 28
de diciembre de 2018).
El último episodio de este proceso tuvo lugar a mediados de abril de 2019.
Un día después de conocerse el índice de inación de marzo, que alcanzó
el 4,7%, el Gobierno instrumentó un amplio paquete de medidas de corto
plazo (La Nación, 17 de abril de 2019). Los anuncios incluyeron un acuerdo
de precios por 60 productos de la canasta básica y el otorgamiento de más
poder de policía a la Secretaría de Comercio Interior; una nueva ronda de
créditos blandos para jubilados y beneciarios de planes sociales; y la ga-
rantía de abastecimiento de cortes populares de carne. En materia tarifaria,
se dispuso que no habría más aumentos de electricidad, gas y transporte
por el resto del año.16
14- La decisión era fuertemente rechazada por la opinión pública (El Cronista, 29 de mayo
de 2018) y empeoró la valoración negativa sobre el tema que se arrastraba desde 2016
(Clarín, 18 de julio de 2016).
15- Decreto 801/18.
16- El tema era una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y continuó siéndolo
en los meses siguientes (Ámbito Financiero, 8 de marzo de 2019; Clarín, 14 de julio de 2019).
Diego Pérez Roig
2.2.2. Conictos con capitales petroleros
En marzo de 2017, el MinEM implementó un nuevo programa de estímulo
para las inversiones y la extracción de gas proveniente de reservorios no
convencionales. Entre los considerandos que fundamentaban la medida, se
encontraba el “logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto,
mediano y largo plazo”, establecido por el artículo 3º de la Ley 26.741/12. Con
el propósito de “precisar un horizonte de precios previsibles”, la Resolución
46-E/17 (R46) estableció un valor mínimo a remunerar por esa producción
entre 2018-202117, al que se le restaría el “precio efectivo” consistente en el
precio medio de todas las ventas de gas natural de la empresa beneciada
en el mercado interno. Podrían adherir al programa las titulares de conce-
siones de explotación de la Cuenca Neuquina18 que presentaran un plan de
inversión especíco, que debía contar con la aprobación de la Autoridad de
Aplicación Provincial y la conformidad del MinEM. Como la voluntad del Eje-
cutivo era “acelerar el paso de la etapa piloto a la etapa de desarrollo” de
esas concesiones, el estímulo contenía un claro sesgo en favor de los nue-
vos proyectos de inversión19. Esto perjudicó a YPF, que adhirió los proyectos
La Ribera I y II y Estación Fernández Oro, pero tenía el grueso de su inver-
sión concentrada desde 2013 en los campos El Orejano y Loma Campana,
mientras que beneció a CGC (Corporación América) y, fundamentalmente,
a Tecpetrol (Techint). Entre 2018-2019, sobre un total de $ 30.000 millones,
la petrolera controlada por el Estado recibió el 9% de los pagos en concepto
de la R46, en tanto las últimas dos compañías percibieron el 21% y el 55%,
respectivamente.20
En el marco del programa, Tecpetrol emprendió la explotación masiva de
Fortín de Piedra. Durante la primera fase de desarrollo del área, la petrolera
estimaba invertir US$ 2.300 millones, con la perforación de 150 pozos y una
meta de producción de 8,5 millones de m3/d.21 En noviembre, el MinEM acep-
tó la adhesión del proyecto. Entre 2018-2019, Tecpetrol lideró el segundo
ciclo masivo de inversión en HNC, luego del encabezado por YPF-Chevron
17- Se jó un sendero decreciente –US$ 7,5 MMBTU (2018), US$ 7 MMBTU (2019), US$ 6,5
MMBTU (2020) y US$ 6 MMBTU (2021)– con la expectativa de una convergencia con los
precios internos.
18- Luego, la Resolución 447/17 del MinEM amplió los benecios a la producción prove-
niente de la Cuenca Austral.
19- Los benecios serían por la totalidad de la producción para aquellas concesiones que
tuvieran una Producción Inicial menor a los 500 mil m3/d en el período julio 2016-ju-
nio-2017, mientras que sólo alcanzarían la oferta incremental de las que hubiesen equipa-
rado o superado dicha producción.
20- Cálculo propio basado en datos del Ministerio de Economía de la Nación.
21- Tecpetrol, Estados nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2017, p. 3.
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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entre 2013-2015. La producción creció vertiginosamente y, con el correr de
2018, superó el doble de lo estimado inicialmente. Así, en aquel bienio, Fortín
de Piedra pasó de una extracción marginal a concentrar el 42% de la obten-
ción de shale gas. Esto la convirtió en la segunda área en importancia, con
una participación del 10% sobre el total de la producción gasífera del país, y
posicionó a Tecpetrol como la tercera operadora del rubro, por detrás de YPF
y Total Austral.22
Las condiciones del programa, el perjuicio ocasionado a YPF, así como la
magnitud y la concentración de los benecios en la subsidiaria de Techint,
alimentaron la percepción de un “gobierno de CEOs”. Sin embargo, la R46
chocó rápidamente con dos límites. El primero estuvo dado por la falta de
infraestructura física para evacuar la creciente producción gasífera de Vaca
Muerta, décit que comenzaría a resolverse recién hacia el nal del gobierno
de Alberto Fernández. El segundo fue el desencadenamiento de la crisis. La
recesión económica puso un freno a la demanda; pero, en lugar de acotar la
extracción, Tecpetrol, que contaba con un precio asegurado de US$ 7,5 MMB-
TU, continuó incrementando su producción y desplazando a otras competi-
doras. Al caer el precio efectivo por el exceso de oferta, la porción subsidiada
por el Tesoro creció sin control. Las condicionalidades del acuerdo stand by
suscrito con el FMI tornaron económicamente inviable este benecio.
A nes de enero de 2019, y tras evaluar desde agosto distintas alternativas,
el Gobierno comunicó dos decisiones. Por un lado, que no se aceptarían nue-
vos proyectos dentro del programa. Entre las perjudicadas por esta determi-
nación se encontró Pampa Energía, empresa que contaba con tres planes de
inversión aprobados por la Autoridad de Aplicación Provincial y cuyo presi-
dente, Marcelo Mindlin, era un aliado del ocialismo (Letra P, 31 de enero de
2019).23 Por el otro, en lugar de readecuar el funcionamiento del estímulo con
una nueva resolución –que hubiese habilitado reclamos ante el CIADI, como
advirtieron a los funcionarios representantes de ExxonMobil y Shell (El Cro-
nista, 30 de enero de 2019; EconoJournal, 31 de enero de 2019)–, se buscaría
cumplir con la meta scal reconociendo benecios por el volumen de gas
estimado en la presentación de los proyectos y no por toda la producción. En
los hechos, esta decisión perjudicó casi exclusivamente a Tecpetrol, cuyos
subsidios se reducirían a la mitad no solo hacia adelante, sino también como
consecuencia de un recálculo de lo liquidado para el período agosto-octubre
de 2018, cuando las compensaciones correspondientes a abril-julio sí ha-
bían contemplado la totalidad de la producción inyectada.
En mayo, Tecpetrol presentó una demanda ante la Justicia en la que solicitó
22- Cálculo propio basado en datos de Secretaría de Energía de la Nación. Para un
análisis pormenorizado, consultar Sabbatella y Nunes Chas (2020).
23- Finalmente, de 20 proyectos presentados, sólo 8 obtendrían el visto bueno del Mi-
nEM o Secretaría de Energía de la Nación (Sabbatella y Nunes Chas, 2020).
Diego Pérez Roig
la nulidad de lo actuado y exigió el reconocimiento de los montos no percibi-
dos por motivo de la decisión estatal (EconoJournal, 13 de mayo de 2019).24 A
pocos días de las elecciones generales de octubre, la Secretaría de Energía, a
través del área Legal y Técnica, contestó judicialmente en duros términos. La
presentación acusó a Tecpetrol por su “conducta oportunista y violatoria de
la obligación de presentar información exacta y veraz ante las autoridades”
(elDiario.Ar, 19 de junio de 2022). El argumento de la Secretaría era que la
petrolera había subestimado deliberadamente sus objetivos de producción,
lo cual redundaba en un menor monto total de subsidios estatales, para ser
más fácilmente aceptada en el programa. En este sentido, era “inadmisible”
que, en lugar de percibir US$ 640 millones a lo largo de cuatro años, según
se desprendía del proyecto original, aspirase a recibir US$ 1.300 millones,
cuando su inversión había sido de US$ 1.700 millones y además obtendría
benecios de al menos US$ 1.800 millones por la porción no subsidiada del
gas comercializado (elDiario.Ar, 19 de junio de 2022). La resolución del con-
icto sería responsabilidad del siguiente gobierno.
Por otra parte, la “consolidación scal” exigida por el FMI no solo implicó
ajustes del gasto público, sino también la reintroducción de impuestos para
incrementar la recaudación. Dentro de su primer año de gobierno, Macri había
suprimido los derechos de exportación de una gran cantidad de productos y
había establecido un mecanismo de disminución mensual de las retenciones
para el complejo sojero. En el caso del petróleo, la alícuota ya había quedado
reducida a un simbólico 1%, como resultado de las modicaciones en el es-
quema durante el último año y medio del Frente para la Victoria y la caída de
los precios internacionales. Sin embargo, en septiembre de 2018, el Decreto
793/18 reinstaló un derecho de exportación del 12% para las producciones pri-
marias, entre las que se encontraban las de crudo. Aunque se jó un tope de
$ 4 por cada dólar exportado –lo cual, en los hechos, reducía aquella alícuota
al 10,5%–, la medida generó roces con los capitales del sector.
Durante el último trimestre de 2018, el precio internacional del crudo ex-
perimentó una nueva caída. En este marco, las retenciones dejaban varios
proyectos de explotación petrolífera en Vaca Muerta al límite de su facti-
bilidad económica. La decisión iba a contramano, además, de la estrategia
trazada por Secretaría de Energía. Tras el incremento de la inversión en shale
gas estimulado por la R46 a lo largo de 2018, el Ejecutivo esperaba que, en
2019, los planes de negocios de las compañías avanzaran sobre la ventana
de petróleo. Sin embargo, frente a la incertidumbre en materia de precios y
las nuevas regulaciones establecidas, hacia diciembre algunas petroleras ya
habían decidido frenar el ingreso de nuevos equipos de perforación (Econo-
24- Solo para el período agosto, septiembre y octubre de 2018, la demanda ascendía a
US$ 55 millones, más intereses.
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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entre 2013-2015. La producción creció vertiginosamente y, con el correr de
2018, superó el doble de lo estimado inicialmente. Así, en aquel bienio, Fortín
de Piedra pasó de una extracción marginal a concentrar el 42% de la obten-
ción de shale gas. Esto la convirtió en la segunda área en importancia, con
una participación del 10% sobre el total de la producción gasífera del país, y
posicionó a Tecpetrol como la tercera operadora del rubro, por detrás de YPF
y Total Austral.22
Las condiciones del programa, el perjuicio ocasionado a YPF, así como la
magnitud y la concentración de los benecios en la subsidiaria de Techint,
alimentaron la percepción de un “gobierno de CEOs”. Sin embargo, la R46
chocó rápidamente con dos límites. El primero estuvo dado por la falta de
infraestructura física para evacuar la creciente producción gasífera de Vaca
Muerta, décit que comenzaría a resolverse recién hacia el nal del gobierno
de Alberto Fernández. El segundo fue el desencadenamiento de la crisis. La
recesión económica puso un freno a la demanda; pero, en lugar de acotar la
extracción, Tecpetrol, que contaba con un precio asegurado de US$ 7,5 MMB-
TU, continuó incrementando su producción y desplazando a otras competi-
doras. Al caer el precio efectivo por el exceso de oferta, la porción subsidiada
por el Tesoro creció sin control. Las condicionalidades del acuerdo stand by
suscrito con el FMI tornaron económicamente inviable este benecio.
A nes de enero de 2019, y tras evaluar desde agosto distintas alternativas,
el Gobierno comunicó dos decisiones. Por un lado, que no se aceptarían nue-
vos proyectos dentro del programa. Entre las perjudicadas por esta determi-
nación se encontró Pampa Energía, empresa que contaba con tres planes de
inversión aprobados por la Autoridad de Aplicación Provincial y cuyo presi-
dente, Marcelo Mindlin, era un aliado del ocialismo (Letra P, 31 de enero de
2019).23 Por el otro, en lugar de readecuar el funcionamiento del estímulo con
una nueva resolución –que hubiese habilitado reclamos ante el CIADI, como
advirtieron a los funcionarios representantes de ExxonMobil y Shell (El Cro-
nista, 30 de enero de 2019; EconoJournal, 31 de enero de 2019)–, se buscaría
cumplir con la meta scal reconociendo benecios por el volumen de gas
estimado en la presentación de los proyectos y no por toda la producción. En
los hechos, esta decisión perjudicó casi exclusivamente a Tecpetrol, cuyos
subsidios se reducirían a la mitad no solo hacia adelante, sino también como
consecuencia de un recálculo de lo liquidado para el período agosto-octubre
de 2018, cuando las compensaciones correspondientes a abril-julio sí ha-
bían contemplado la totalidad de la producción inyectada.
En mayo, Tecpetrol presentó una demanda ante la Justicia en la que solicitó
22- Cálculo propio basado en datos de Secretaría de Energía de la Nación. Para un
análisis pormenorizado, consultar Sabbatella y Nunes Chas (2020).
23- Finalmente, de 20 proyectos presentados, sólo 8 obtendrían el visto bueno del Mi-
nEM o Secretaría de Energía de la Nación (Sabbatella y Nunes Chas, 2020).
Diego Pérez Roig
la nulidad de lo actuado y exigió el reconocimiento de los montos no percibi-
dos por motivo de la decisión estatal (EconoJournal, 13 de mayo de 2019).24 A
pocos días de las elecciones generales de octubre, la Secretaría de Energía, a
través del área Legal y Técnica, contestó judicialmente en duros términos. La
presentación acusó a Tecpetrol por su “conducta oportunista y violatoria de
la obligación de presentar información exacta y veraz ante las autoridades”
(elDiario.Ar, 19 de junio de 2022). El argumento de la Secretaría era que la
petrolera había subestimado deliberadamente sus objetivos de producción,
lo cual redundaba en un menor monto total de subsidios estatales, para ser
más fácilmente aceptada en el programa. En este sentido, era “inadmisible”
que, en lugar de percibir US$ 640 millones a lo largo de cuatro años, según
se desprendía del proyecto original, aspirase a recibir US$ 1.300 millones,
cuando su inversión había sido de US$ 1.700 millones y además obtendría
benecios de al menos US$ 1.800 millones por la porción no subsidiada del
gas comercializado (elDiario.Ar, 19 de junio de 2022). La resolución del con-
icto sería responsabilidad del siguiente gobierno.
Por otra parte, la “consolidación scal” exigida por el FMI no solo implicó
ajustes del gasto público, sino también la reintroducción de impuestos para
incrementar la recaudación. Dentro de su primer año de gobierno, Macri había
suprimido los derechos de exportación de una gran cantidad de productos y
había establecido un mecanismo de disminución mensual de las retenciones
para el complejo sojero. En el caso del petróleo, la alícuota ya había quedado
reducida a un simbólico 1%, como resultado de las modicaciones en el es-
quema durante el último año y medio del Frente para la Victoria y la caída de
los precios internacionales. Sin embargo, en septiembre de 2018, el Decreto
793/18 reinstaló un derecho de exportación del 12% para las producciones pri-
marias, entre las que se encontraban las de crudo. Aunque se jó un tope de
$ 4 por cada dólar exportado –lo cual, en los hechos, reducía aquella alícuota
al 10,5%–, la medida generó roces con los capitales del sector.
Durante el último trimestre de 2018, el precio internacional del crudo ex-
perimentó una nueva caída. En este marco, las retenciones dejaban varios
proyectos de explotación petrolífera en Vaca Muerta al límite de su facti-
bilidad económica. La decisión iba a contramano, además, de la estrategia
trazada por Secretaría de Energía. Tras el incremento de la inversión en shale
gas estimulado por la R46 a lo largo de 2018, el Ejecutivo esperaba que, en
2019, los planes de negocios de las compañías avanzaran sobre la ventana
de petróleo. Sin embargo, frente a la incertidumbre en materia de precios y
las nuevas regulaciones establecidas, hacia diciembre algunas petroleras ya
habían decidido frenar el ingreso de nuevos equipos de perforación (Econo-
24- Solo para el período agosto, septiembre y octubre de 2018, la demanda ascendía a
US$ 55 millones, más intereses.
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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Journal, 13 de diciembre de 2018). La crítica planteada por la industria era que
ese nivel de retenciones permitiría recaudar alrededor de US$ 100 millones
anuales, pero al costo de bloquear o demorar inversiones por US$ 1.000 mi-
llones en 2019.
En el último año del gobierno de Macri, la incertidumbre provocada por la cri-
sis, los vaivenes de la política hidrocarburífera y la posibilidad de un retorno
del peronismo al poder se reejaron en el comportamiento de la inversión y
la performance de Vaca Muerta. En 2019, la inversión anual en HNC se es-
tancó en US$ 4.400 millones, luego de sucesivos aumentos del 23,8% entre
2016-2017 y del 23,7% entre 2017-2018.25 La caída o el freno de los desem-
bolsos de varios de los capitales que habían dinamizado al sector (PAE, To-
tal Austral, Tecpetrol, CGC), fue contrarrestada, fundamentalmente, por YPF.
La petrolera controlada por el Estado revirtió su tendencia decreciente del
trienio 2016-2018 e incrementó la inversión un 29%, alcanzando el 43% del
total.26 Otras estadísticas expresan el impacto de la devaluación inmediata-
mente posterior a la derrota de Cambiemos en las PASO, a la que Macri res-
pondió con la reimposición del control de cambios y el congelamiento de los
precios del crudo y los combustibles por noventa días.27 El promedio men-
sual de equipos en perforación cayó de 71 en 2018 a 64 en 2019.28 La dismi-
nución fue especialmente visible en el último cuatrimestre del año, cuando
se promediaron 54 equipos mensuales. Lo propio ocurrió con la nalización
de pozos horizontales gasíferos. Mientras en 2018 la media fue de 24 pozos
completados por trimestre, en 2019 la cifra decreció a 15, con un mínimo de
7 entre octubre-diciembre.29
Lo anterior tuvo consecuencias, en especial, para la producción de shale gas,
que fue la más afectada por los décits de infraestructura, el conicto con
Tecpetrol y las vicisitudes del mercado interno. En 2018, la extracción había
experimentado un incremento ininterrumpido, que superó el 200% respecto
de 2017. En 2019, aunque la producción creció en relación al año anterior, el
aumento fue signicativamente menor (71%) y se vio interrumpido en el últi-
mo bimestre, con caídas del 23% en noviembre y del 17% en diciembre, desde
el pico logrado en agosto.30 La retracción inversora tuvo impacto, además,
sobre el mercado de trabajo. Entre las PASO y noviembre, operadoras y em-
presas de servicios especiales concretaron 1.500 suspensiones y 600 des-
pidos (El Cronista, 27 de noviembre de 2019). Tras el anuncio de un paro de
25- Cálculo propio basado en datos de Secretaría de Energía de la Nación.
26- Ibid.
27- DNU 566/19.
28- Según datos de Baker Hughes.
29- Según datos de Rystad Energy.
30- Cálculo propio basado en datos de Secretaría de Energía de la Nación.
Diego Pérez Roig
24 horas por parte de los sindicatos de Petróleo y Gas Privado de Río Negro,
Neuquén y La Pampa y del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y
Gas Privado de Neuquén y Río Negro, el 27 de noviembre, el Ministerio de
Producción y Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Así, delegó la resolu-
ción del conicto al gobierno de Alberto Fernández.
3. Conclusiones
En este artículo partimos de la perspectiva ensayo-error para analizar e inter-
pretar distintas políticas de la alianza Cambiemos referidas al sector hidro-
carburífero. Argumentamos que dicho enfoque evita el sesgo instrumentalis-
ta que dominó las interpretaciones sobre el período. Sucintamente, la forma
ensayo-error del proceso de políticas públicas da cuenta de la mediación
contradictoria de la reproducción social por parte del Estado, en su exteriori-
dad (formal-objetiva) y enraizamiento (material) en el modo en que el capita-
lismo estructura las relaciones de explotación. En regímenes democráticos,
esto signica que el poder político se encuentra doblemente determinado:
su compromiso objetivo con la acumulación de capital debe ser sistemá-
ticamente legitimado por una pluralidad de instituciones y procedimientos
alcanzados por algún tipo de participación popular. Las tendencias del siste-
ma a la crisis frecuentemente transforman estas presiones simultáneas en
dilemas de difícil resolución para los funcionarios de turno, sin importar sus
historias de vida o trayectorias laborales.
A partir de lo anterior, planteamos la encrucijada que se presentaba a la po-
lítica hidrocarburífera. El agotamiento de la postconvertibilidad y las presio-
nes globales por la reestructuración colocaban a Cambiemos frente a la ne-
cesidad de ejecutar un disciplinamiento de la sociedad en su conjunto. Para
la cartera de energía, esta orientación general se traducía en una violenta
reducción de subsidios, la convergencia de los precios locales con los inter-
nacionales y la liberalización del comercio exterior. La amplia incorporación
de cuadros provenientes de la alta gerencia expresó la formación de una
élite compenetrada con tal objetivo. Armar que esto fue consecuencia, an-
tes que causa, de las políticas que debían implementarse, no implica desco-
nocer la inuencia que una fracción, grupo o capital individual puede haber
ejercido sobre el diseño de una determinada medida. Pero sí supone que tal
reclutamiento y la “colusión de intereses” habilitada por él son insustancia-
les para la explicación de la lógica del movimiento del Estado.
Aquel disciplinamiento debía ejecutarse en un contexto de desequilibrios
macroeconómicos y de debilidad política relativa. El gobierno no podía sub-
estimar la gravitación del sector energético en el décit externo –especial-
mente si la postconvertibilidad despegaba nuevamente–, ni se encontraba
en condiciones de prescindir del apoyo de las provincias petroleras. Ambos
factores lo empujaban a acelerar el desarrollo masivo de la dotación do-
méstica de HNC y a adoptar medidas que protegieran a la industria en una
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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Journal, 13 de diciembre de 2018). La crítica planteada por la industria era que
ese nivel de retenciones permitiría recaudar alrededor de US$ 100 millones
anuales, pero al costo de bloquear o demorar inversiones por US$ 1.000 mi-
llones en 2019.
En el último año del gobierno de Macri, la incertidumbre provocada por la cri-
sis, los vaivenes de la política hidrocarburífera y la posibilidad de un retorno
del peronismo al poder se reejaron en el comportamiento de la inversión y
la performance de Vaca Muerta. En 2019, la inversión anual en HNC se es-
tancó en US$ 4.400 millones, luego de sucesivos aumentos del 23,8% entre
2016-2017 y del 23,7% entre 2017-2018.25 La caída o el freno de los desem-
bolsos de varios de los capitales que habían dinamizado al sector (PAE, To-
tal Austral, Tecpetrol, CGC), fue contrarrestada, fundamentalmente, por YPF.
La petrolera controlada por el Estado revirtió su tendencia decreciente del
trienio 2016-2018 e incrementó la inversión un 29%, alcanzando el 43% del
total.26 Otras estadísticas expresan el impacto de la devaluación inmediata-
mente posterior a la derrota de Cambiemos en las PASO, a la que Macri res-
pondió con la reimposición del control de cambios y el congelamiento de los
precios del crudo y los combustibles por noventa días.27 El promedio men-
sual de equipos en perforación cayó de 71 en 2018 a 64 en 2019.28 La dismi-
nución fue especialmente visible en el último cuatrimestre del año, cuando
se promediaron 54 equipos mensuales. Lo propio ocurrió con la nalización
de pozos horizontales gasíferos. Mientras en 2018 la media fue de 24 pozos
completados por trimestre, en 2019 la cifra decreció a 15, con un mínimo de
7 entre octubre-diciembre.29
Lo anterior tuvo consecuencias, en especial, para la producción de shale gas,
que fue la más afectada por los décits de infraestructura, el conicto con
Tecpetrol y las vicisitudes del mercado interno. En 2018, la extracción había
experimentado un incremento ininterrumpido, que superó el 200% respecto
de 2017. En 2019, aunque la producción creció en relación al año anterior, el
aumento fue signicativamente menor (71%) y se vio interrumpido en el últi-
mo bimestre, con caídas del 23% en noviembre y del 17% en diciembre, desde
el pico logrado en agosto.30 La retracción inversora tuvo impacto, además,
sobre el mercado de trabajo. Entre las PASO y noviembre, operadoras y em-
presas de servicios especiales concretaron 1.500 suspensiones y 600 des-
pidos (El Cronista, 27 de noviembre de 2019). Tras el anuncio de un paro de
25- Cálculo propio basado en datos de Secretaría de Energía de la Nación.
26- Ibid.
27- DNU 566/19.
28- Según datos de Baker Hughes.
29- Según datos de Rystad Energy.
30- Cálculo propio basado en datos de Secretaría de Energía de la Nación.
Diego Pérez Roig
24 horas por parte de los sindicatos de Petróleo y Gas Privado de Río Negro,
Neuquén y La Pampa y del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y
Gas Privado de Neuquén y Río Negro, el 27 de noviembre, el Ministerio de
Producción y Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Así, delegó la resolu-
ción del conicto al gobierno de Alberto Fernández.
3. Conclusiones
En este artículo partimos de la perspectiva ensayo-error para analizar e inter-
pretar distintas políticas de la alianza Cambiemos referidas al sector hidro-
carburífero. Argumentamos que dicho enfoque evita el sesgo instrumentalis-
ta que dominó las interpretaciones sobre el período. Sucintamente, la forma
ensayo-error del proceso de políticas públicas da cuenta de la mediación
contradictoria de la reproducción social por parte del Estado, en su exteriori-
dad (formal-objetiva) y enraizamiento (material) en el modo en que el capita-
lismo estructura las relaciones de explotación. En regímenes democráticos,
esto signica que el poder político se encuentra doblemente determinado:
su compromiso objetivo con la acumulación de capital debe ser sistemá-
ticamente legitimado por una pluralidad de instituciones y procedimientos
alcanzados por algún tipo de participación popular. Las tendencias del siste-
ma a la crisis frecuentemente transforman estas presiones simultáneas en
dilemas de difícil resolución para los funcionarios de turno, sin importar sus
historias de vida o trayectorias laborales.
A partir de lo anterior, planteamos la encrucijada que se presentaba a la po-
lítica hidrocarburífera. El agotamiento de la postconvertibilidad y las presio-
nes globales por la reestructuración colocaban a Cambiemos frente a la ne-
cesidad de ejecutar un disciplinamiento de la sociedad en su conjunto. Para
la cartera de energía, esta orientación general se traducía en una violenta
reducción de subsidios, la convergencia de los precios locales con los inter-
nacionales y la liberalización del comercio exterior. La amplia incorporación
de cuadros provenientes de la alta gerencia expresó la formación de una
élite compenetrada con tal objetivo. Armar que esto fue consecuencia, an-
tes que causa, de las políticas que debían implementarse, no implica desco-
nocer la inuencia que una fracción, grupo o capital individual puede haber
ejercido sobre el diseño de una determinada medida. Pero sí supone que tal
reclutamiento y la “colusión de intereses” habilitada por él son insustancia-
les para la explicación de la lógica del movimiento del Estado.
Aquel disciplinamiento debía ejecutarse en un contexto de desequilibrios
macroeconómicos y de debilidad política relativa. El gobierno no podía sub-
estimar la gravitación del sector energético en el décit externo –especial-
mente si la postconvertibilidad despegaba nuevamente–, ni se encontraba
en condiciones de prescindir del apoyo de las provincias petroleras. Ambos
factores lo empujaban a acelerar el desarrollo masivo de la dotación do-
méstica de HNC y a adoptar medidas que protegieran a la industria en una
La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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coyuntura mundial sumamente volátil. Desde una perspectiva más amplia,
debía enfrentar una constelación de fuerzas entre clases y grupos sociales
que también auguraba dicultades para la convalidación política del ajuste.
La mecánica de ensayo-error de la política hidrocarburífera de Cambiemos
se desenvolvió dentro de estos límites. Por el lado de la legitimación, los
distintos episodios de movilización popular y el impacto de las medidas en
la opinión pública forzaron una reconsideración periódica de los objetivos
en materia tarifaria. Aunque, hacia el nal de su mandato, Macri logró una
sustancial reducción de los subsidios a la energía31, este fue uno de los prin-
cipales motivos de la pérdida de popularidad de su administración y de la
derrota en las elecciones de 2019. Por el lado de la acumulación, los desequi-
librios del capitalismo argentino y las tensiones de la política macroeconó-
mica empujaron al gobierno a enfrentarse con los capitales petroleros. Como
consecuencia, se puso freno al proceso inversor iniciado en 2017-2018 y se
desataron nuevos conictos con los sindicatos del sector que mellaron aún
más la legitimidad del gobierno.
Del análisis empírico anterior puede desprenderse una última hipótesis con-
ceptual, a seguir explorando en futuros trabajos. Las inconsistencias de la
política de Macri en esta y otras áreas condujeron, de conjunto, a un em-
peoramiento de la situación heredada en 2015. Es posible pensar que el “re-
formismo permanente” chocó con los límites de un panorama que exigía el
reordenamiento de la “situación social total” (Mattick, 2013, p. 156). Si asumi-
mos que ese deterioro tuvo como telón de fondo la impotencia de Cambie-
mos para implementar un programa reestructurador, cobra sentido la conje-
tura de una insuciencia del mecanismo ensayo-error cuando la salida del
estancamiento y la crisis demandan la sanción de una nueva correlación de
fuerzas sociales. Esta es una función diacrónica desempeñada por el lide-
razgo político, en la mismísima vigilancia de sus intereses más inmediatos:
la restauración de la autoridad del Estado, puesta en entredicho en tales cir-
cunstancias, no puede sino contener una violenta reimposición del poder de
clase. Por tal motivo, la salvaguarda del orden predominante adopta como
rasgo distintivo la forma de un decisionismo ad hoc cuya racionalidad espe-
cíca es distinta a la de la mecánica prueba-error (ver Schmitt, 2009; Weber,
1997). La intuición teórica parece a la orden del día, en circunstancias que
tornaron impostergables las tareas que el macrismo dejó inconclusas.
31- Del 3% del PIB en 2015 al 1,4% en noviembre de 2019, según datos de Secretaría de
Energía de la Nación.
Diego Pérez Roig
Referencias bibliográcas
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de las políticas públicas. En L. Alvarez Huwiler y A. Bonnet (Eds.), Crítica de
las políticas públicas. Propuesta teórica y análisis de casos (pp. 117-150). Pro-
meteo Libros.
Álvarez Huwiler, L., y Bonnet, A. (Eds.) (2022a). Crítica de las políticas públi-
cas. Propuesta teórica y análisis de casos. Prometeo Libros.
Ámbito Financiero(12 de julio de 2016). Tarifazo: el Ejecutivo apeló fallos que
frenaron aumentos en gas y luz. https://www.ambito.com/politica/tarifa-
zo-el-ejecutivo-apelo-fallos-que-frenaron-aumentos-gas-y-luz-n3946796
Ámbito Financiero(26 de mayo de 2016). La respuesta de Aranguren a quejas
por tarifazo: «Tengo que cumplir con una planilla de Excel». https://www.am-
bito.com/politica/la-respuesta-aranguren-quejas-tarifazo-tengo-que-cum-
plir-una-planilla-excel-n3940822
Ámbito Financiero (8 de marzo de 2019). Para el 70% de los usuarios del
AMBA las tarifas son caras o impagables. https://www.ambito.com/eco-
nomia/tarifas/para-el-70-los-usuariosdel-amba-las-son-caras-o-impaga-
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La política hidrocarburífera de la alianza Cambiemos como proceso de ensayo-error
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coyuntura mundial sumamente volátil. Desde una perspectiva más amplia,
debía enfrentar una constelación de fuerzas entre clases y grupos sociales
que también auguraba dicultades para la convalidación política del ajuste.
La mecánica de ensayo-error de la política hidrocarburífera de Cambiemos
se desenvolvió dentro de estos límites. Por el lado de la legitimación, los
distintos episodios de movilización popular y el impacto de las medidas en
la opinión pública forzaron una reconsideración periódica de los objetivos
en materia tarifaria. Aunque, hacia el nal de su mandato, Macri logró una
sustancial reducción de los subsidios a la energía31, este fue uno de los prin-
cipales motivos de la pérdida de popularidad de su administración y de la
derrota en las elecciones de 2019. Por el lado de la acumulación, los desequi-
librios del capitalismo argentino y las tensiones de la política macroeconó-
mica empujaron al gobierno a enfrentarse con los capitales petroleros. Como
consecuencia, se puso freno al proceso inversor iniciado en 2017-2018 y se
desataron nuevos conictos con los sindicatos del sector que mellaron aún
más la legitimidad del gobierno.
Del análisis empírico anterior puede desprenderse una última hipótesis con-
ceptual, a seguir explorando en futuros trabajos. Las inconsistencias de la
política de Macri en esta y otras áreas condujeron, de conjunto, a un em-
peoramiento de la situación heredada en 2015. Es posible pensar que el “re-
formismo permanente” chocó con los límites de un panorama que exigía el
reordenamiento de la “situación social total” (Mattick, 2013, p. 156). Si asumi-
mos que ese deterioro tuvo como telón de fondo la impotencia de Cambie-
mos para implementar un programa reestructurador, cobra sentido la conje-
tura de una insuciencia del mecanismo ensayo-error cuando la salida del
estancamiento y la crisis demandan la sanción de una nueva correlación de
fuerzas sociales. Esta es una función diacrónica desempeñada por el lide-
razgo político, en la mismísima vigilancia de sus intereses más inmediatos:
la restauración de la autoridad del Estado, puesta en entredicho en tales cir-
cunstancias, no puede sino contener una violenta reimposición del poder de
clase. Por tal motivo, la salvaguarda del orden predominante adopta como
rasgo distintivo la forma de un decisionismo ad hoc cuya racionalidad espe-
cíca es distinta a la de la mecánica prueba-error (ver Schmitt, 2009; Weber,
1997). La intuición teórica parece a la orden del día, en circunstancias que
tornaron impostergables las tareas que el macrismo dejó inconclusas.
31- Del 3% del PIB en 2015 al 1,4% en noviembre de 2019, según datos de Secretaría de
Energía de la Nación.
Diego Pérez Roig
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Diego Pérez Roig Año 10. Nº 22. Julio 2025
Dinámica productiva y sindical en los laboratorios
farmacéuticos: El poder estructural y asociativo de
FATSA en Argentina (2015-2019)
Federico Naspleda
LESET-IdIHCS / UNLP-CONICET / UBA
fdnaspleda@gmail.com
Juan Pedro Massano
FaHCE-UNLP / IEALC-UBA
juanpedromassano@gmail.com
Productive and Union Dynamics in Pharmaceutical Laboratories:
FATSA’s Structural and Associative Power in Argentina (2015-
2019)
Dinâmica produtiva e sindical nos laboratórios farmacêuticos: O
poder estrutural e associativo da FATSA na Argentina (2015-2019)
Fecha de recepción: 2 de octubre de 2024
Fecha de aprobación: 13 de marzo de 2025
Resumen
Este artículo analiza la dinámica productiva y sindical en el sector farma-
céutico argentino entre 2015 y 2019. FATSA (Federación de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad Argentina) logró mejoras salariales sin recurrir a
altos niveles de conictividad laboral, aprovechando su poder estructural en
un sector clave para la economía. El análisis se centra en cómo los vínculos
intersectoriales, la concentración de la industria y la dinámica del empleo
registrado brindaron a FATSA una ventaja en las negociaciones. También
se examina el poder asociativo del sindicato y su participación en los paros
generales convocados por la CGT. El estudio combina datos cuantitativos
sobre economía, producción, salarios y conictos laborales con un análisis
cualitativo de las estrategias sindicales. Se concluye que la fortaleza de FAT-
SA fue clave para mitigar los efectos de la crisis sobre los trabajadores, me-
diante la negociación salarial y su participación en huelgas generales.