Editoriales

La economía que se viene, según el Presupuesto 2018

En sus proyecciones macroeconómicas para 2018, el Gobierno Nacional prevé que la economía crezca un 3,5%, impulsada sobre todo por las inversiones privadas y las exportaciones. ¿De dónde se espera que venga ese impulso productivo? ¿Qué puede esperarse a mediano y largo plazo?

Martín Kalos

Economista, @martinkalos

La inversión ya repuntó en lo que va de 2017, sobre todo en construcción y en maquinarias importadas – con un peso menor de la maquinaria nacional -. En 2018, mejorará otro 12%, con foco en los sectores impulsados por las políticas públicas de Cambiemos: agropecuario, minero, hidrocarburífero, energías renovables, construcción, inmobiliario y financiero.

Difícilmente haya nuevas inversiones de magnitud en ampliar la capacidad productiva de los sectores que el Gobierno Nacional no propicia. Por ejemplo, la mayor parte de la industria posee aún una gran capacidad ociosa producto de la falta de demanda interna, tanto por la reducción del consumo del 80% de los hogares argentinos en 2016 (según la consultora Kantar Worldpanel) como por la mayor competencia de productos extranjeros y el tipo de cambio relativamente apreciado.

En general, los sectores más pujantes hoy en día utilizan poca mano de obra y explotan intensivamente los recursos naturales del suelo y subsuelo de nuestro territorio.

En el Presupuesto, el gobierno explicita su visión de que la inversión es la base del crecimiento (y éste, de la generación de trabajo y la lucha contra la pobreza). Por eso por el momento su esfuerzo se orienta a atraer esa inversión, sin buscar complementarla u orientarla con políticas de desarrollo.

No se observa aún ningún plan para el desarrollo productivo a largo plazo, más allá de algunos programas bienintencionados de bajo presupuesto y con exigencias imposibles de cumplir para la mayor parte de las empresas. La liberalidad de las políticas implica dejar las decisiones de orientación de inversiones en manos del sector privado, reduciendo los beneficios que desde el Estado pudieran darse para fomentar ramas productivas particulares.

Esto significa que la gran mayoría de las inversiones se orientarán hacia los sectores que hoy ya son negocio (sobre todo merced a las desregulaciones implementadas por el Gobierno en sus casi dos años de mandato), y sólo las más osadas apuntarán a nichos que puedan ser negocio a futuro de acuerdo al desarrollo prospectivo del capitalismo mundial. Por dar sólo un ejemplo, el desfinanciamiento público de ARSAT dificulta el desarrollo de proveedores nacionales para una industria dinámica a nivel internacional.

Las exportaciones aumentarían un 5,6% en 2018, de la mano de un alza del 2,6% promedio del PBI de nuestros socios comerciales. Esta mejora estará impulsada por la recuperación brasilera y complementada por las moderadas tasas de crecimiento en la Unión Europea y Estados Unidos y el crecimiento rápido (aunque desacelerado) en China. Ante la estabilidad de los precios internacionales, la suba deberá estar originada en mejores volúmenes de cosecha y en mejores producciones mineras e hidrocarburíferas; no es claro aún qué otras mercancías podrían aportar a este alza prevista en las cantidades exportadas.

A la vez, las importaciones continuarán aumentando (6,8% en 2018), incluso más que las exportaciones. Estas mayores compras al extranjero estarán focalizadas en bienes de consumo, vehículos y autopartes (de Brasil) y en bienes de capital para la inversión productiva (donde China tiene una participación cada vez mayor). Así, el déficit comercial se agravará cada año: en 2017 se prevé un saldo negativo de USD 4.500 millones que crecerá gradualmente hasta USD 7.600 millones en 2021.

Esta salida continua de divisas deberá ser compensada de alguna manera: ya sea con dólares que ingresen por la inversión extranjera, por la toma de deuda (sobre todo pública) o eventualmente con la venta de Reservas Internacionales del BCRA. Para peor, las importaciones podrían tranquilamente incrementarse aún más, en la medida en que el consumo o la demanda de energía se eleven por encima de lo que prevé el Gobierno o incluso que la apreciación del tipo de cambio se profundice.

El último componente que impulsará la demanda será el consumo privado, que crecería 3,3% en 2018 (misma suba que en 2017). La apuesta del Gobierno Nacional es a una leve mejora tanto del empleo privado como de los salarios reales: sin embargo, si los sectores productivos más pujantes continúan siendo los que utilizan relativamente poca mano de obra, es difícil pensar en una recuperación sustancial de estas variables. Sí continuará habiendo una suba en el consumo de los sectores de mayores ingresos.

Por su lado, en 2018 el gasto público aumentará en términos reales apenas un 1,3%. Más aún, mientras el gasto subirá un 16%, los ingresos públicos se incrementarán un 19%, generando en principio un efecto neto de la intervención estatal que tenderá a enfriar la economía. El déficit financiero crecerá un 7,6% (por debajo de la inflación) y equivaldrá al 5,5% del PBI.

El déficit se solventará a través de la emisión de nueva deuda pública por $ 900.000 millones – de la cual aproximadamente el 40% será en divisas extranjeras -. A futuro, el peso del servicio de la deuda seguirá incrementándose: ya en 2018 es la jurisdicción del gasto que más aumenta (28,2%). El Presupuesto prevé que el peso de la deuda pública con el sector privado y organismos internacionales aumente de 28,5% en 2017 a 38% en 2020, para estabilizarse luego si consigue para esa fecha neutralizar el déficit fiscal.

Semejante magnitud de toma de nueva deuda es inusitada en la historia argentina pero, debido a que se parte de un bajo nivel de endeudamiento, resulta manejable en la medida en que efectivamente sea “una transición”. Sin embargo, resta ver quién reemplazará en el futuro al endeudamiento público en su doble rol de financiar las necesidades del Estado (si no se logra reducir el déficit al ritmo previsto) y de ingresar divisas necesarias para el funcionamiento de la economía (para lo cual el Gobierno apuesta a un ingreso sostenido y creciente año tras año de inversiones extranjeras).

Además, el mayor peso del pago de la deuda en el gasto público (que en 2018 superará el 10%) continuará agravándose en los próximos años, con el riesgo de que sea luego la excusa para ajustar gastos en otras áreas.

El crecimiento del 3,5% se verá acompañado por una inflación del 15,7% promedio, una devaluación similar (del 15,6%) que implicará que se sostenga la apreciación del tipo de cambio que se evidencia hoy en día, una leve reducción de la presión impositiva (por la menor recaudación de Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta y las menores retenciones a la exportación de soja, todas modificaciones regresivas sobre el sistema tributario) y una reducción de los subsidios a la energía (-16%) y al transporte (-5%) que derivarán también en presiones sobre los precios y el poder adquisitivo de la población trabajadora.