La Argentina atraviesa una nueva crisis económica que agrava la situación social y propicia un escenario de crisis política. El programa de la alianza Cambiemos, signado por políticas de desregulación neoliberales, agravó de manera extrema las contradicciones del capitalismo argentino que se expresan en el bajo dinamismo de la actividad económica, la fuga de capitales, la restricción externa, el desempleo y precarización estructural, las altas tasas de inflación y el déficit fiscal, entre otras.

En el marco de las XII Jornadas de Economía Crítica llevadas a cabo los días 6, 7 y 8 de septiembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, les integrantes de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) nos dedicamos a debatir la situación nacional y acordamos el presente documento que incluye 10 puntos para enfrentar la crisis y defender la economía de les trabajadores. Se trata de un programa de emergencia que pretende abrir el camino para transformaciones más profundas.

1. NO al programa de Cambiemos y el FMI

El acuerdo con el FMI que busca convalidarse a través del proyecto de presupuesto 2019 sirve al gobierno nacional para reforzar el programa de reformas, ajuste y despidos que ya venía aplicando. Este promueve una caracterización errónea de la situación. Parte de la idea que el problema es la demanda excesiva, producto del alto gasto público, por lo que su corolario es profundizar el ajuste fiscal como salida, en especial para garantizar el repago de la deuda e intereses. Más aún, eludiendo una caracterización realista de la situación mundial, promueve un crecimiento de las exportaciones difícil de alcanzar. Dejando abierta la posibilidad de revisión de deuda y un nuevo ciclo de ajuste.

La atracción de capitales sin atención a su destino y uso conduce a un resultado infalible de profundización de la crisis, mediante el ajuste y las altas tasas de interés. El ciclo económico profundiza su fase recesiva con aumentos del desempleo, la precarización y la pobreza con especial impacto sobre quienes trabajan en la economía popular, jóvenes, mujeres, lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales, no binaries (LGBTTnB). Por lo que sostenemos que ninguna salida a la crisis es posible en el marco de los acuerdos negociados con el FMI. Lo cual exige desconocer cualquier acuerdo con dicho organismo por ilegítimo e inconstitucional y rechazar el presupuesto 2019 que busca convalidarlo.

En general, se deberían suspender los pagos de la deuda pública hasta completar su siempre dilatada auditoría. En relación al programa que impulsa Cambiemos le debemos sumar, por un lado, el rechazo en bloque al paquete de reformas laboral, previsional, tributaria y educativa diseñado por el gobierno nacional y, por otro lado, la inmediata reincorporación de les despedides en el sector público y la suspensión de los despidos en todos los sectores.

2. Que la crisis no la paguen les trabajadores: distribución progresiva de ingresos

Ante la crisis, necesitamos con urgencia un shock redistributivo de ingresos en beneficio de les trabajadores del país, empezando por les más pobres, les jubilades, personas trans, travas y personas migrantes. Esto puede conseguirse a través de la universalización del Salario Social Complementario (SSC), la fijación de su monto en un equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y la correspondencia de este, a su vez, con el valor de una Canasta Básica de referencia definida por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en cumplimiento del inciso c) del artículo 135° de la Ley N° 24.013.

Debe aplicarse también una suba de emergencia de la Asignación Universal por Hije (AUH), que al menos actualice lo perdido por inflación, y un aumento urgente de las jubilaciones y pensiones de manera que alcancen el valor de la canasta de consumo de les adultes mayores. A su vez, proponemos la eliminación del IVA para los productos que componen la Canasta Básica, retrotraer las tarifas de los servicios públicos a los valores de noviembre de 2017 y suspender su actualización atada a la evolución del dólar mientras dure la crisis.

3. Sistema de seguridad social universal

Debe revisarse de manera estructural la asociación entre empleo (con todas sus heterogeneidades y fuertes desigualdades) y el acceso a ingresos, prestaciones de seguridad social y previsión social, de manera que estas últimas alcancen carácter universal. Es necesario desanclar esta asociación clásica, típica de sociedades industriales, que además no resuelven las diversas inequidades existentes (de género, de edad, de raza, etc.).

Esto no debe leerse como una apología a la flexibilización laboral basada en un determinismo tecnológico (digitalización, automatización, robotización, etc.). Al contrario, creemos que todas las personas tienen derechos sociales, económicos y culturales básicos inalienables que constituyen una vida digna. La garantía de estos derechos no puede estar atada a los avatares del mercado laboral.

En tal sentido, defendemos un sistema de seguridad social que se guíe bajo una lógica universalista, atendiendo las distintas necesidades sin referencia al estatus de empleo. Este aspecto es particularmente relevante en cuestión de géneros, debido a la discriminación laboral (menos empleo, peores condiciones de contratación y pago, etc.) y a la mayor carga de trabajos de cuidados no remunerados sufrida por mujeres y personas LGBTTnB que, en la situación actual, impacta doblemente al replicarse en la seguridad y previsión social.

También debe sostenerse la moratoria previsional que permita acceder a beneficios a personas que trabajaron en condiciones de informalidad. Al mismo tiempo, debe trabajarse por el cumplimiento de la igualdad de salarios y condiciones laborales entre géneros, así como el respeto y ampliación de la ley de cupos laborales para personas de identidad sexodiversa. El presupuesto público (en todos sus niveles) debe tener especial atención en este sentido. Debe avanzarse en un reparto más equitativo de las horas de trabajo, procediendo a un uso difundido de licencias que adecúen las situaciones especiales de cada persona. Un ejemplo de ello sería la ampliación no cosmética de la licencia por paternidad. Asimismo, y para cumplir lo anterior, es imprescindible construir un sistema nacional de cuidados que garantice la atención de las personas con necesidades particulares (sean adultes mayores, menores, con diversidad funcional, consumo problemático de sustancias, etc.).

4. Reforma tributaria progresiva

Para impulsar las medidas de shock redistributivo, es posible obtener recursos fiscales inmediatos a partir de la suspensión de las transferencias a las empresas prestadoras de servicios públicos (sin que éstas trasladen a tarifas). Al menos hasta completar una auditoría de su actuación en las últimas décadas. En el mismo sentido contribuirían los fondos provenientes de la suspensión de pagos de la deuda pública.

En un sentido más profundo, dicho shock redistributivo puede ser financiado sin necesidad de ajustar el gasto siempre que se altere la manera de recaudar del Estado. Urge llevar adelante una reforma tributaria progresiva. Esta debería incluir la implementación de un esquema de aranceles diferenciados a las importaciones y exportaciones. Es posible pensar en aplicar impuestos progresivos de manera inmediata a las compras externas de bienes o incluso a  la moneda extranjera. La aplicación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, incluyendo cuentas y bienes en locaciones offshore (muchas de ellas declaradas en el denominado “blanqueo de capitales”), así como a la herencia, servirían para solventar algunas erogaciones sin ajustar el gasto.

La reforma tributaria debe incorporar una revisión integral de las exenciones impositivas y recaudar impuestos sobre propiedad y ganancias para mejorar la progresividad de la tasación (en lugar de descargar el peso sobre les asalariades con mejores ingresos). Tal es el caso de los consumos suntuarios, las fortunas y los bienes personales, las transacciones financieras e inmobiliarias o el juego que, en todos los casos, tributan menos de lo que corresponde a un esquema progresivo. En lugar de poner en cuestión las exenciones a cooperativas, se debería revisar los beneficios fiscales de otras personas jurídicas, como aquellas dedicadas al culto religioso. No puede desestimarse tasar de manera progresiva las tenencias de tierras, castigando la posesión improductiva. De manera inversa, urge la necesidad de actualizar la Canasta Básica Alimentaria, incorporando por ejemplo consumos energéticos, y la eliminación del IVA al conjunto de ésta.

De conjunto, por demás, debiera rechazarse el concepto mismo de “déficit cero” como un objetivo a alcanzar. No hay motivo alguno para que las finanzas estatales se restrinjan a sí mismas la posibilidad de impulsar la actividad y mejorar las condiciones de vida la población. Es necesario dar de baja el acuerdo tributario promovido por el gobierno nacional con las gobernaciones provinciales, pues incrementa las responsabilidades del nivel subnacional en la provisión de ciertos servicios y en la garantía de derechos, pero sin remitir los fondos necesarios para ello. Una reforma tributaria debería considerar un balance entre responsabilidades de gasto e ingresos, bajo un sistema federal que redistribuya recursos.

5. Regulación de las cuentas externas

Los problemas más graves de la coyuntura no se hallan en el gasto público. La balanza de pagos, donde se refleja el modo de inserción de la economía argentina en el mundo,  muestra un comportamiento pernicioso para la sociedad. Por eso, es necesario modificar la regulación de las cuentas externas.

Entre las medidas más urgentes se encuentran la aplicación de controles a la entrada y salida de capitales, imprescindible para una economía integrada al mundo de manera periférica. La alta volatilidad de los capitales no está asociada a ningún beneficio en términos de desarrollo. Establecer controles de cambios más generalizados, que impulsen la producción en lugar de la especulación, no deberían ser un tabú (como el liberalismo vernáculo pretendió al comparar estas políticas con un instrumento de tortura).

Se debe organizar un conjunto de impuestos a las importaciones y las exportaciones que vaya más allá de lo meramente recaudatorio, incluyendo tanto una finalidad redistributiva (utilizar esos ingresos para fines socialmente progresivos) y como de transformación de la matriz productiva (reorientando la estructura hacia mayor agregación de valor). Debido a la renta de la que se apropian y el riesgo socioambiental que plantean, las exportaciones primarias (incluyendo no sólo agricultura y ganadería, sino pesca, forestal y minería) deberían pagar más impuestos y estar sometidas a auditorías reales (no como ahora que suele hacerse sólo mediante declaración jurada de la empresa). Deberían liquidar las divisas obtenidas en 30 días en el Mercado Único y Libre de Cambios. Incluso, no debería olvidarse la posibilidad de restituir juntas reguladoras del comercio exterior, del tipo de las de carnes y granos existentes décadas atrás.

6. NO al pago de la deuda externa y al orden internacional del derecho corporativo

Como ya señalamos, urge suspender el pago de la deuda externa y proceder a una auditoría que castigue a todos los responsables. El uso del concepto de deuda odiosa aplica al caso y debería tomarse en cuenta la soberanía jurídica del país, evitando sostener las prerrogativas de jurisdicciones extranjeras que sólo convalidan demandas de capitales privados, nunca de los Estados.

En relación a la soberanía jurídica del país, también se debe salir inmediatamente del CIADI del Banco Mundial y denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión, mecanismo institucional para constreñir las posibilidades de políticas públicas soberanas. Se debe rechazar a la Organización Mundial del Comercio, el FMI y el G20 como organismos no democráticos de la gobernanza global. Consideramos más valioso reforzar y profundizar los mecanismos de integración regional, entre los cuales la Argentina ya pertenece por ejemplo a la UNASUR, el MERCOSUR y la CELAC. La posibilidad de realizar el comercio intrarregional sin utilizar dólares (u otra moneda extranjera) daría mayores grados de libertad a la región. Se podría evaluar incluso nuevos mecanismos de integración o reforzar aquellos existentes de mayor radicalidad (ALBA).

7. Reordenamiento de la tenencia y propiedad de las tierras, urbanas y rurales

Sabemos que todo lo anterior impactaría en la orientación primarizada de la economía argentina, que signa la inserción del país en el mundo. El cercamiento y la presión sobre los bienes comunes naturales, en provecho de capitales locales y foráneos, es una constante de la historia nacional; situación que ha sido facilitada por el Estado en sus diversos niveles. Creemos que es necesario revisar el rol del territorio en la economía. No aceptamos asumir la tierra y los recursos que alberga como un mero repositorio disponible para la valorización del capital. Las personas concretas habitamos el territorio y nuestras necesidades deben estar por encima de las ganancias para unos pocos. Dos elementos básicos de este planteo serían la nacionalización sin concentración de los recursos naturales y el respeto de las decisiones de las comunidades que habitan los territorios concretos. En el caso de las comunidades originarias, esto está en línea con convenio 169 de la OIT que Argentina ratificó hace 17 años a través de la Ley N° 24.071.También reivindicamos los derechos de las mujeres rurales, las cuales han sido sistemáticamente excluidas y marginadas del acceso a la propiedad de la tierra (a través de distintos operadores como el matrimonio y sesgos de género en prácticas de herencia y políticas de estado en distribución de la tierra, entre otras).

Yendo más allá, nuestro planteo supone reordenar la situación de tenencia y propiedad de las tierras, urbanas y rurales, lo cual permitiría poner límites a la propiedad extranjera, al acaparamiento (por parte de grandes terratenientes, empresas o fondos de inversión), y al uso improductivo o especulativo. Un censo de tierras permitiría, además de lo anterior, algo aún más básico: tasar de manera progresiva la propiedad. A partir de ello es posible pensar en una democratización del acceso a la tierra y a los bienes comunes naturales ligados a ella; atento a las formas de organizar la producción de modo tal que no se vulneren los derechos generales de la sociedad en materia de garantías para acceso a alimentos sanos y soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, permitiría avanzar en una organización del territorio más justa y equitativadel proceso de urbanización, que camine hacia un proceso de organización del territorio que permita gestionar la vida de manera más sostenible. La ley de integración urbana debería ser una herramienta para garantizar el derecho a la ciudad.

8. Garantizar el acceso universal a los servicios públicos de calidad

Este punto atiende a otro coto de privilegios del capital, en detrimento de los derechos y necesidades de las mayorías. Nos referimos a los servicios públicos. Su prestación fue mayormente entregada a privados, en particular durante los años noventa, y bajo contratos de concesión sumamente permisivos. Lo que es aún peor, en la mayoría de los casos ni siquiera se auditó el cumplimiento de estos laxos contratos, admitiendo incluso reclamos por parte de las empresas. En tal sentido, urge realizar una revisión de contratos de concesión, auditando los severos incumplimientos corporativos. No es posible continuar aceptando reclamos judiciales que omitan este punto, y mientras tanto garantizarles mayores ingresos (vía transferencias e incrementos de tarifas). Esto debe frenarse de inmediato, y no puede superar la variación del poder adquisitivo de la población trabajadora. Incluso más, entendemos que existen múltiples casos a nivel nacional, provincial y municipal que demuestran que la prestación del servicio bajo propiedad estatal cubre requisitos de calidad y precio en mejores condiciones. La participación en las decisiones de quienes allí trabajan y quienes usan los servicios garantiza mejores resultados.

9. Inversión pública a favor del pueblo, no de los negocios

El programa del gobierno, en común acuerdo con los organismos internacionales, es afirmar el lugar privilegiado del negocio de pocos por encima de las necesidades y derechos del pueblo. En ese sentido, promueven privatizaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidadde ANSES y de activos remanentes (tierras, FFCC, etc.). Una versión renovada de este viejo proceso son las participaciones público privadas (PPP) -aprobada su ley en el Congreso- en la inversión pública. Además de garantizar altas tasas de rentabilidad a las empresas por cuantiosos años, deja en sus manos las decisiones de diseño y control en torno a dicha inversión. Más allá de su demostrado fracaso en el mundo, y su improbable despegue con las elevadas tasas de interés actuales, resulta problemático que se dejen decisiones sobre qué se prioriza en la inversión pública en términos de ganancias, en lugar de garantizar el acceso universal y de calidad a bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas básicas.

Se debe rechazar de plano este conjunto de medidas.

En cambio, entendemos que el Estado tiene que desplegar un amplio plan de inversión pública diseñado según las necesidades populares. Se trata de viejas demandas: alimentación, vivienda, salud y educación. Para lo primero, como ya dijimos, se debe desincentivar el uso de los recursos del suelo para el negocio especulativo, y ponerlo a favor de la alimentación de toda la población: no puede haber hambre cuando hay alimentos. El Estado puede promover no solo la regulación del uso del suelo, sino el control de los canales de comercialización para vincular producción y consumo. Otro tanto ocurre respecto de vivienda: donde hoy se promueve el negocio inmobiliario, se debe privilegiar resolver el déficit habitacional. Salud y educación deben apuntalarse con presupuesto, pero también con políticas planificadas. El sistema de Ciencia y Técnica y las universidades deben incluirse como prioridades.

En la puesta en marcha de este programa de inversión, y para el funcionamiento del Estado en general, debe tenerse particularmente presente el sistema de compra estatal, que privilegie las organizaciones locales y aquellas de la Economía Popular. Fortalecer una ley de compras favorable a las cooperativas -en sentido amplio- sería central. Estas organizaciones logran gran impacto en términos de empleo y actividad a nivel local, incluyendo personas no solo en el trabajo sino en la toma de decisiones. Las economías regionales se verían fortalecidas así, frente al modelo de unas pocas grandes empresas que remiten fuera del territorio todas sus ganancias. Los eventos de corrupción recientes ligados a estas empresas no tienen ningún paralelo equiparable en organizaciones de la economía popular.

10. Necesidad de protagonismo social para exigir, defender y sostener iniciativas propias

El presente es un programa tal vez básico, pero que contiene elementos urgentes que consideramos centrales para promover un desarrollo más justo y equitativo. Pero ni este programa ni ningún otro es garantía de tal proyecto. Es necesario sostenerlo y cambiarlo según las necesidades concretas a partir del protagonismo popular: el pueblo debe ser incluido tanto en las decisiones como en los mecanismos de seguimiento de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. El voto esporádico a personajes sin programas claros nos somete una y otra vez a arbitrariedades.

Para avanzar en este sentido, creemos necesario avanzar en diversos planos. Ya sostuvimos la necesidad de diversas  sobre la actuación empresarial. En especial, revisar su rol como propietarias en recursos clave. En tal sentido, no debe haber reparos en realizar expropiaciones, especialmente de empresas transnacionales. Este tema también requiere particular atención en lo referido a la comunicación, donde el accionar de las empresas privadas afecta severamente la generación (y la carencia) y circulación de la información. A su vez, urge la eliminación del secreto bancario, fiscal y bursátil, que solo sirve para esconder actos ilícitos o ilegítimos.

Se deben promover formas autogestivas de economía (incluyendo aquí a la economía social y solidaria, la economía popular y les pequeñes productores rurales – con gran participación de personas migrantes), de gran trayectoria y peso en nuestro país. Además de sus impactos en la actividad local y en el empleo, se trata de una forma más democrática de organizar la producción, la distribución y el consumo orientada a la soberanía popular. La comunicación popular, de histórica trayectoria en el país, muestra un camino de compromiso en materia informativa, que creemos debe defenderse.

En diferentes niveles, el Estado debe promover la participación en el armado de presupuestos, y la incorporación de perspectivas de género en las formas de organizar los ingresos y los gastos estatales. A nivel municipal esto es particularmente viable, pero debe expandirse esta lógica a otros niveles de gobierno. Lo mismo puede aplicarse a la gestión de empresas públicas.

Ante la insistencia en la propuesta de profundización del ajuste del oficialismo, la falta de atención a las organizaciones populares y una deliberada clausura de los espacios participativoseste documento de la Sociedad de Economía Crítica es apenas un primer aporte que busca abrir el debate.No solo de la coyuntura sino de la orientación más general de la economía argentina, planteando alternativas que aporten a la búsqueda y elaboración de un programa económico hecho a la medida de la voluntad del pueblo.